La situación se repite a diario. Decenas de personas se concentran frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), reclamando por la suspensión, sin previo aviso, de su pensión por invalidez. El Gobierno informó que hasta la fecha, se han suspendido 110.522 pensiones, lo que se enmarca dentro de un ajuste significativo en las prestaciones al sector.
A pesar de que estas bajas han reducido en aproximadamente un 10% el número de beneficiarios respecto a diciembre de 2023, el gasto de la agencia, dirigida hasta la semana pasada por Diego Spagnuolo, no ha disminuido. Por el contrario, durante 2024, el presupuesto del organismo aumentó en $2,3 billones, lo que representa un incremento anual del 176%, cifra que supera la inflación acumulada del período, que fue del 117%. Además, la Andis recibió refuerzos presupuestarios significativos mediante decretos, sumando poco más de un billón de pesos en los últimos ocho meses, lo que equivale a un aumento del 30% desde enero.
La agencia, encargada de administrar las pensiones no contributivas por invalidez, se ha convertido en el organismo descentralizado con el presupuesto más elevado del Estado, alcanzando un total de $4,83 billones anuales. Sin embargo, está bajo investigación judicial tras la divulgación de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se menciona un presunto sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos por parte de la agencia.
En los audios también se nombra a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, así como a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional. Se menciona la droguería Suizo Argentina, principal proveedora de medicamentos de alto costo para la Andis. Tanto esta empresa como la agencia fueron objeto de allanamientos por parte de la Justicia la semana pasada.
Ajustes sin recorte del gasto
El escándalo de los audios no solo ha sacado a la luz supuestas irregularidades dentro de la Andis, sino que también ha puesto de relieve el drama de quienes dependen de pensiones no contributivas por invalidez, ya sea porque se les ha suspendido el beneficio o porque temen perderlo. El vocero presidencial Manuel Adorni indicó que, hasta principios de este mes, se habían suspendido 110.522 pensiones que, según él, habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. También se dieron de baja 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de personas que renunciaron a su pensión. Se estima que estas bajas generarían un ahorro para el Estado de aproximadamente $35.000 millones de pesos mensuales.
No obstante, el último informe sobre el gasto en seguridad social del primer semestre de este año de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) señala que, a pesar de los recortes, el gasto en pensiones ha crecido. “Tuvo un incremento del 5,2% interanual frente a una reducción del 3,7% interanual en el total de beneficios, donde se destaca la baja del stock de pensiones por invalidez”, se indica en el informe.
La pensión por invalidez laboral equivale al 70% de la jubilación mínima del sistema previsional, que actualmente es de $200.074 mensuales. Aunque se ha actualizado por el índice de movilidad, en la práctica ha perdido valor frente a la inflación, ya que el bono de $70.000 que reciben todos los beneficiarios se ha mantenido congelado desde marzo de 2024.
Asimismo, los aranceles por las prestaciones para discapacidad, fijados por el nomenclador de Prestaciones Básicas de la Andis y el Ministerio de Salud, también han perdido frente a la inflación. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha señalado que el aumento autorizado el año pasado fue del 60%, inferior a la inflación, y que en 2025 no ha habido aumentos.
ACIJ, junto a otras organizaciones no gubernamentales, ha advertido sobre problemas en el proceso de auditorías que lleva a cabo la Andis, en colaboración con PAMI, para detectar presuntas irregularidades en la concesión de pensiones. El convenio con PAMI establece un trabajo de 24 meses y abarca a un total de 1.017.219 beneficiarios, según el jefe de Gabinete en su último informe al Congreso.
“De acuerdo a lo informado por Andis, se pretendía identificar las pensiones mal otorgadas y revertir irregularidades. Sin embargo, por la forma en que se está llevando a cabo, este proceso se ha revelado inadecuado para cumplir con esa finalidad”, señala ACIJ. “Las graves irregularidades exhibidas no han hecho más que violar el derecho de defensa de las personas y conducir a suspensiones injustas”.
Entre los problemas detectados por ACIJ se encuentra que las citaciones a los beneficiarios de pensiones por parte de Andis se realizaron únicamente por carta documento. En respuesta a un pedido de acceso a la información pública, Andis informó que hasta junio de 2025, el 46% de las cartas enviadas no habían podido ser entregadas. Además, muchas personas fueron citadas en lugares que se encontraban a cientos de kilómetros de sus hogares.
“En este contexto, las primeras suspensiones se realizaron, según consta en las notificaciones recibidas por los beneficiarios, debido a la falta de recepción de las citaciones a la auditoría. Si estas personas no pudieron participar en el proceso de control, difícilmente puede afirmarse que sus pensiones están mal otorgadas. También se han registrado varios casos de personas que no recibieron ninguna notificación de suspensión, pero al presentarse a cobrar su pensión, se dieron cuenta de que no se había depositado el dinero”, advierte.
El Gobierno niega que las auditorías tengan como objetivo un “ajuste automático o masivo” de las pensiones. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indicó en su última exposición en la Cámara de Diputados que, desde 2003, el número de beneficios ha aumentado un 1418%.
“El Gobierno ha manifestado reiteradamente que el objetivo de la auditoría y del rediseño del sistema es garantizar que las pensiones lleguen efectivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por ley. La prioridad son las personas más vulnerables, que no tienen recursos, no cuentan con cobertura previsional y están imposibilitadas de trabajar”, concluyó en su informe.
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