La Audiencia Nacional ha determinado que Mohamed Said Badaoui, líder musulmán y presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana (Adedcom), representa “una grave amenaza para la seguridad pública”. Esta decisión se basa en la confirmación del Ministerio del Interior de España de su expulsión y la prohibición de su entrada al país durante diez años.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional argumentó que existen “datos suficientes” sobre su radicalización y su apoyo a la doctrina salafista radical. Los magistrados sostuvieron que la actividad de Badaoui constituye “una amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad pública”.
Contexto de la detención
El 19 de octubre de 2022, la Junta de Portavoces del Parlament de Cataluña aprobó una declaración institucional en solidaridad con Badaoui, considerando su detención un caso de “represión política e islamofobia” por parte del Estado español. Sin embargo, el pasado 14 de mayo, la Audiencia Nacional respaldó la decisión del Ministerio del Interior, afirmando que su permanencia en España era peligrosa.
Defensa y acusaciones
El abogado Benet Salellas, que representa a Badaoui, calificó la expulsión como una “represalia” por su labor en defensa de los derechos humanos de la comunidad musulmana y por sus críticas a las instituciones. En su defensa, Salellas destacó el apoyo de diversas organizaciones y del Parlamento de Cataluña hacia su cliente.
Salellas también subrayó que Badaoui nunca había sido investigado ni imputado por delitos relacionados con el orden público o la seguridad nacional. Sin embargo, el informe de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía sostiene que Badaoui predica un salafismo ortodoxo y ha fomentado el radicalismo en Tarragona.
Actividades y vínculos
Según el informe, Badaoui ha realizado proselitismo y reclutamiento en su comunidad, especialmente entre colectivos vulnerables, y ha instado a sus seguidores a vivir bajo la ley islámica en lugar de la legislación española. Además, se le atribuyen vínculos con individuos radicales y un discurso de odio hacia Occidente.
El abogado ha recurrido la decisión ante el Tribunal Supremo, calificándola de “atropello a los derechos humanos”.
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