Los especialistas del Ministerio Público Fiscal están trabajando en la apertura del teléfono celular de Daniel Garbellini, quien fue un funcionario clave de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según los audios de Diego Spagnuolo, Garbellini era el encargado de organizar la ruta de las supuestas coimas como delegado de Eduardo “Lule” Menem.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), del Ministerio Público Fiscal, es la encargada de abrir los teléfonos. En el caso de Garbellini, él aportó su clave, lo que facilita la tarea de apertura, aunque también reduce las expectativas de los investigadores de encontrar pruebas relevantes para la causa.
Fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que el teléfono de Spagnuolo ya fue revisado por la fiscalía y no contiene elementos de interés para la causa. Se ha demostrado que tiene mensajes borrados que, hasta el momento, no han podido ser recuperados, y no se ha determinado si será posible hacerlo en el futuro.
Por otro lado, la Datip aún no ha podido abrir los celulares de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, quienes se han negado a proporcionar sus claves. Se trata de teléfonos de última generación con altos niveles de seguridad.
Además, están bajo análisis las computadoras laborales de los hermanos Kovalivker y de gerentes de la droguería Suizo Argentina, empresa que ellos dirigen. Estas computadoras fueron secuestradas por el juez federal Sebastián Casanello durante un allanamiento muy tenso.
El operativo tenía como objetivo obtener archivos informáticos que pudieran ser útiles para la investigación, especialmente correos electrónicos laborales. Sin embargo, el responsable de sistemas de la empresa se negó a colaborar y a dar acceso a los correos, lo que llevó a la Justicia a secuestrar las computadoras.
En paralelo, el juez ha solicitado a las partes de la causa (abogados defensores y la fiscalía) que se pronuncien sobre los pedidos del abogado de los Kovalivker, Martín Magram, para declarar la nulidad de la causa debido al supuesto origen ilegítimo de los audios de Spagnuolo, que dieron inicio a la investigación.
Magram también ha solicitado el cierre de la causa por “cosa juzgada”, argumentando que otra investigación del año pasado fue archivada y se refería a los mismos hechos. Sin embargo, este argumento tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que un archivo no equivale a un sobreseimiento y no tiene carácter definitivo.
La fiscalía de Franco Picardi está colaborando con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, en el análisis de los expedientes de las compras de Andis a la droguería Suizo Argentina. El primer paso consiste en precisar la normativa que rige para este tipo de contratos. Los investigadores han secuestrado decenas de cajas de documentos y una gran cantidad de archivos informáticos.
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