La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la legitimidad de los Mossos d’Esquadra para participar en la investigación del caso Montoro, que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. En un escrito presentado ante el juzgado de Tarragona, donde se instruye la causa, la fiscal Carmen García Cerdá responde a los recursos interpuestos por los abogados de las 28 personas encausadas.
La investigación se centra en presuntos delitos de cohecho, corrupción en los negocios y tráfico de influencias, entre otros. La fiscalía ha sido contundente al defender la actuación de la policía autonómica catalana.
Legitimidad de los Mossos
La acusación pública argumenta que los Mossos d’Esquadra están plenamente legitimados para actuar como policía judicial, de acuerdo con la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Estatut de Autonomía de Cataluña. Esto les permite “ejercer la investigación criminal, que no se pone en duda”.
Además, la fiscalía subraya que los Mossos pueden actuar fuera de Cataluña “en colaboración con la Guardia Civil”, como ocurrió durante las diligencias de investigación llevadas a cabo en Madrid. Estas diligencias incluyeron requerimientos al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Tributaria y a la Dirección General de Tributos para que aportaran correos electrónicos.
Cuestionamientos de las defensas
Las defensas de los imputados han cuestionado la intervención de los Mossos, a quienes el juez de Tarragona, Rubén Rus Vela, encargó la investigación junto con la Guardia Civil. Los abogados critican que la policía de la Generalitat realizara una “concreción de indicios” sobre la posible comisión de nuevos delitos para informar al magistrado del hallazgo “casual” de una serie de correos electrónicos.
Estos correos electrónicos apuntan a un presunto tráfico de influencias en torno a las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, fundado por Montoro en 2006. La fiscal recalca que la información proporcionada por esta documentación intervenida no se tramitó “como hallazgo casual, ni se desglosó de la causa principal, sino que simplemente se aportó un testimonio por su interés”.
Investigaciones y correos electrónicos
La investigación ha revelado detalles relacionados con documentación y correos electrónicos remitidos al correo del exministro, en los que se hacía referencia a la situación fiscal de diversas personalidades. Entre ellas, se mencionan a Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, Juan Carlos Monedero y la familia del expresidente catalán Jordi Pujol.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, inicialmente frenó el intento de la fiscal del caso para ampliar las investigaciones iniciales a lo señalado en estos ‘mails’, lo que derivó en una sanción disciplinaria para la fiscal.
Indicios de organización y pagos
La fiscal reseña que los informes elaborados por los Mossos d’Esquadra y la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria en la Fiscalía Anticorrupción “constatan la indiciaria existencia de una organización, los pagos efectuados por las empresas gasísticas a Equipo Económico previos a cada actuación administrativa de favor” y la elaboración del reglamento de la ley de impuestos especiales “a la carta”, eliminando ciertos requisitos.
Competencia del juez de Tarragona
Para el ministerio público, la competencia para investigar este asunto corresponde al juez de Tarragona, pues las empresas gasísticas investigadas tenían su sede en esta localidad y las “actuaciones graves de corrupción” se realizaron desde esta población. Además, puntualiza que el delito más grave sería la malversación y no el cohecho, ya que la “distracción de fondos públicos se habría cometido en territorio catalán y, específicamente, entre otros, en el municipio de Tarragona.
Contexto
La defensa de la legalidad en las investigaciones por corrupción es crucial para mantener la confianza pública en las instituciones. Este caso, que involucra a una figura política de alto nivel, pone a prueba los mecanismos de control y transparencia del sistema judicial. La controversia sobre la participación de diferentes cuerpos policiales añade complejidad a un asunto ya de por sí delicado.
La resolución de este caso podría sentar un precedente importante sobre la colaboración entre diferentes fuerzas de seguridad en investigaciones complejas y de alcance nacional. Además, el escrutinio público sobre las actuaciones de los implicados y las decisiones judiciales es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la integridad del proceso.
Claves y próximos pasos
- La legitimidad de los Mossos d’Esquadra como policía judicial es un punto central del debate.
- Los correos electrónicos y la documentación intervenida son elementos clave en la investigación.
- Se espera que el juez de Tarragona tome decisiones importantes sobre el futuro de la investigación.
FAQ
¿Cómo me afecta? Este tipo de casos impacta en la percepción de la justicia y la confianza en las instituciones públicas.
¿Qué mirar a partir de ahora? Estar atento a las decisiones judiciales y la evolución de la investigación.
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