Tras la conclusión de la investigación sobre la compra de mascarillas por parte de Transportes durante la gestión de José Luis Ábalos, y con el exministro y su asesor Koldo García en prisión preventiva, el Tribunal Supremo ha intensificado sus pesquisas sobre la trama corrupta.
El foco se ha trasladado a una pieza separada que investiga adjudicaciones sospechosas, en las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica a Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE.
Imputaciones a responsables de Acciona
Tras los registros realizados en las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, imputó a tres responsables de la compañía. Entre ellos se encuentra Justo Vicente Pelegrini, ex CEO de Acciona, así como dos colaboradores que permanecían en la empresa y que han sido suspendidos: Tomás Olarte y Sanz y Manuel José García Alconchel, director de la zona Sur y África de Acciona Construcción. Se espera que todos ellos declaren próximamente.
El papel de Cerdán y Servinabar
La investigación de la UCO ha revelado que Cerdán, se valió de Koldo García para influir en decisiones del Ministerio de Transportes y promover la adjudicación de obras para Acciona. La empresa había firmado un memorándum de entendimiento con la navarra Servinabar, de la que se sospecha que Cerdán era propietario del 45 por ciento. Este acuerdo implicaba pagos del 2% del total de la concesión que se lograse.
Fernando Agustín Merino, el enlace
En relación con esta operativa, ya estaba imputado Fernando Agustín Merino, director del Departamento de Navarra y La Rioja, a quien Koldo se refiere como “Cordobés” o “Cordo”. Se presume que Merino actuó como enlace para vincular las obras adjudicadas con la empresa de Cerdán.
Licitaciones bajo sospecha
El análisis de los dispositivos móviles incautados a los integrantes de la trama ha permitido constatar el interés de Cerdán en licitaciones del Ministerio de Transportes, como una carretera en Logroño y el Puente del Centenario de Sevilla. En una conversación de 2019, Koldo García aseguró que el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, había presionado al ex secretario de Estado Pedro Saura para avanzar en la licitación de “Sevilla”.
La adjudicación del Puente del Centenario se materializó en 2021 por un importe de 71.404.645 euros, ampliado posteriormente a 84.983.366 euros. Servinabar, vinculada a Cerdán, recibió 1.801.914 euros de este total.
Una dinámica similar se ha detectado en relación con el ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), donde también se firmó un memorándum de entendimiento entre Acciona y Servinabar en 2019.
La ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, también imputada, informó a Koldo García sobre el resultado de la apertura de ofertas económicas en “Sant Feliu”. Acciona Construcción obtuvo la mayor puntuación técnica y resultó adjudicataria del contrato en 2019 por 51.760.263 euros, de los cuales Servinabar recibió 1.035.199 euros.
El proyecto en Marruecos
La declaración de Alconchel, responsable de los proyectos en África, podría estar relacionada con un informe de la UCO que señala que Cerdán pidió a Koldo García en 2019 que gestionara su inclusión en la comitiva oficial de un viaje de Ábalos a Marruecos, donde se pretendía negociar un contrato millonario para que Acciona participara en la obra del Puerto de Kenitra. Días antes del viaje, Servinabar firmó un memorándum con Acciona para participar en esta “oportunidad de negocio”.
El caso mascarillas avanza hacia el juicio
Esta nueva fase de la investigación en el Tribunal Supremo se produce tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, ante la proximidad del juicio por los contratos firmados con Soluciones de Gestión para la adquisición de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan elevadas penas de prisión para ambos.
El juez Puente ya había advertido sobre el incremento del riesgo de fuga ante la proximidad del juicio de esta pieza, cuya instrucción está más avanzada que la relativa a las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obra pública.
Para determinar que el riesgo de fuga es “extremo” o “máximo”, han sido claves las peticiones de prisión planteadas por las acusaciones. Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, así como multas de 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares solicitan 30 años para cada uno de ellos.
Fuente original: ver aquí