Junts per Catalunya ha asestado un golpe a la estrategia legislativa del Gobierno en el Congreso, poniendo en riesgo la aprobación de varias iniciativas clave. La decisión se produce en un momento de intensa actividad legislativa y desafía la estrategia del Ejecutivo de buscar acuerdos “votación a votación”.
El 27 de octubre, Carles Puigdemont declaró: “El Gobierno no tendrá ni podrá recurrir a la mayoría de la investidura y no tendrá Presupuestos. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar”. Un mes después, Junts cumplió esta advertencia al unirse a PP y Vox para rechazar la senda de estabilidad, un paso previo esencial para la elaboración de las cuentas públicas.
Fuentes de Junts han manifestado que el Gobierno no podrá contar con su apoyo. Además, la situación se complica aún más para el Ejecutivo tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos, lo que implica que ni siquiera la abstención de los posconvergentes sería suficiente para asegurar la aprobación de sus propuestas.
Reacciones tras la votación
Tras la votación del jueves, fuentes de Junts expresaron sorpresa ante los titulares que interpretaban su voto negativo como un veto efectivo a las iniciativas gubernamentales. Recordaron que, a principios de noviembre, su portavoz, Miriam Nogueras, ya había anunciado que votarían en contra de todas las propuestas del Ejecutivo, a excepción de aquellas previamente pactadas. “Si tienen que verlo cada semana, pues así será”, comentó una fuente.
Actividad legislativa en riesgo
El Gobierno ha estado impulsando una agenda legislativa ambiciosa en el Congreso, con seis normas diferentes en trámite durante el último mes. De estas, solo el proyecto de ley integral de Impulso de la Economía Social se salvó del veto generalizado de Junts, gracias a la intervención de Nogueras. El resto de las iniciativas corren el riesgo de ser rechazadas en el pleno de la Cámara Baja. La suspensión de Ábalos ha alterado la aritmética parlamentaria, y la abstención de Junts, sumada al voto en contra de PP, Vox y UPN, podría resultar en el fracaso de cualquier propuesta.
Parálisis en el Congreso
El Gobierno enfrenta la parálisis de varias normas que, aunque negociadas con otros socios, requieren del respaldo de Junts o, de manera aún más improbable, del PP. Entre ellas se encuentra la proposición de ley para regular a los grupos de interés (lobbies), actualmente en trámite de ponencia, para la cual el Gobierno busca al menos la abstención del PP.
También se encuentra en proceso la norma para crear la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. A finales de octubre, fuentes conocedoras de la negociación aseguraron que se había “avanzado mucho” y que se esperaba un acuerdo a mediados de noviembre. Sin embargo, no ha habido más reuniones al respecto. Aunque existe un acuerdo con los socios de izquierda en torno a la ley para regular los alquileres temporales y por habitación, su tramitación se ha frenado debido a la falta de una mayoría que la apruebe, y es poco probable que se debata en pleno antes de fin de año.
El Gobierno también reactivó la negociación de la ley contra la multirreincidencia, presentada por el PNV y demandada por Junts. No obstante, tras la constitución de la ponencia hace dos semanas, no se han producido nuevas reuniones.
Estrategia del PP
Existe preocupación en el bloque de la investidura ante la estrategia del PP, que ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para introducir cambios en las leyes. Aunque lo habitual es que estas modificaciones sean eliminadas al regresar el texto al Congreso, el PP también está dando su visto bueno a las enmiendas propuestas por el PNV o Junts, lo que dificulta su posterior eliminación. Algunos grupos consideran que, sin un acuerdo sólido en el Congreso para blindar una norma, resulta arriesgado impulsar un texto que pueda ser modificado por el PP en el Senado.
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