El Gobierno español ha manifestado tranquilidad ante la posibilidad de que José Luis Ábalos, exministro, revele información comprometedora relacionada con el caso Koldo. Esta reacción surge en un contexto de creciente presión sobre el Ejecutivo por parte de personas imputadas en la presunta trama de corrupción.
La situación se produce en vísperas de la decisión judicial sobre el posible ingreso en prisión de Ábalos y su asesor, Koldo García, investigados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. En este contexto, ambos han aludido a una supuesta reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en 2018, con el objetivo de negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Sánchez a La Moncloa.
Inicialmente, Koldo García confirmó una información publicada por un medio. Tras ser negada por ambas partes, Ábalos ratificó la existencia de la reunión a través de la red social X. El exsecretario de Organización del PSOE afirmó que “sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió”.
Cabe recordar que la moción de censura contra Rajoy prosperó con 180 votos a favor y 169 en contra. El apoyo de EH Bildu, que entonces contaba con dos diputados, no fue determinante para su aprobación. Sin embargo, en los días previos, Otegi había insinuado su prioridad de desplazar al PP del Gobierno y coordinar un frente en esa dirección con los independentistas catalanes.
Además de la supuesta reunión, Ábalos también lanzó una crítica a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por haberlo calificado de “golfo” en una entrevista. A través de redes sociales, Ábalos deslizó una posible irregularidad relacionada con el uso de viviendas asignadas a ministros y ministras. Asimismo, presentó una pregunta parlamentaria sobre presuntas irregularidades en la Autoridad Portuaria de Valencia, instando al Ministerio de Transportes a realizar una auditoría.
Reacción del Gobierno
Fuentes de Moncloa han expresado sorpresa ante estas acciones de Ábalos, sugiriendo que podría estar insinuando una intención de revelar información como estrategia de defensa. Aunque consideran que “no es su estilo”, un colaborador del presidente no descarta esta posibilidad, argumentando que “la gente cuando está en estos procesos judiciales puede cambiar” y que la amenaza de entrada en prisión puede “trastocar”. No obstante, reiteran su asombro ante la posibilidad de que Ábalos adopte una estrategia de defensa “intentando decir cosas que no sean o trasladando dudas sobre los demás”.
Desde la oposición, se interpreta que Ábalos podría estar dispuesto a colaborar con la justicia al ver las penas solicitadas para otros implicados en el caso, como Víctor de Aldama, el presunto nexo corruptor de la trama. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión para Ábalos y 19 para Koldo García, mientras que para Aldama se piden siete años, quien está colaborando con la justicia.
Posibles estrategias
Fuentes socialistas señalan que la preocupación no reside en el Gobierno, sino en la situación personal de Ábalos y la decisión judicial que pueda afectarle. Existe incertidumbre sobre si Ábalos renunciará a su acta, actualmente en el Grupo Mixto tras ser expulsado del PSOE, y sobre el impacto que un cambio de estrategia podría tener en el procedimiento judicial.
La ministra María Jesús Montero declaró que “no tenemos nada que esconder de ningún tema ni ninguna materia”, transmitiendo una sensación de tranquilidad compartida por otras fuentes del Gobierno. Sin embargo, se especula con la posibilidad de que Ábalos, disconforme con la petición de pena por parte de Anticorrupción, haya decidido probar otra estrategia “viendo los comportamientos de otros”.
Investigación interna
El Gobierno insiste en que la presunta trama está acotada y descarta la existencia de más implicados. El ministro Félix Bolaños aseguró que “en el partido hemos investigado y no tenemos información que pueda comprometer al partido”. Añadió que “si existía una trama que se estaba corrompiendo no afectaba al partido, era de personas concretas”.
El Ejecutivo rechaza cualquier responsabilidad por falta de supervisión, argumentando que “no teníamos la información que ahora tenemos”, tanto en referencia al presunto fraude en la compra de mascarillas como a la operativa de comisiones a cambio de obra pública liderada por Santos Cerdán.
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