Los siete magistrados del tribunal que juzgaron al fiscal general del Estado han concluido las seis sesiones del juicio, tras escuchar a cuarenta testigos, y ahora deliberan para emitir sentencia. El juicio, que finalizó el pasado jueves, no ha arrojado una “pistola humeante” que señale directamente a Álvaro García Ortiz como el responsable de filtrar el correo electrónico en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitía haber cometido dos delitos fiscales. Sin embargo, el tribunal cuenta con indicios que podrían llevar a una condena. A continuación, se exponen algunas de las incógnitas que la sentencia deberá resolver.
¿Filtró el fiscal general el correo de la defensa de González Amador a un periodista?
Esta es la pregunta central del caso, y la respuesta determinará si hay una condena por revelación de secretos. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicita la pena más alta, de hasta 6 años de prisión. La acusación popular, en nombre del empresario González Amador, así como el Colegio de la Abogacía de Madrid y Foro Libertad y Alternativa, piden 4 años. Manos Limpias, considerando una atenuante, reduce su petición a 3 años de cárcel.
El abogado de González Amador argumentó en sus alegatos finales que existen pruebas indiciarias de la filtración, ya que ni el fiscal general, ni su jefa de prensa, ni el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos han presentado las comunicaciones que mantuvieron la noche del 13 de marzo. Según el abogado, si no hubiera delito, habría sido fácil desmentir la acusación revelando dichos mensajes. Por otro lado, la Abogacía del Estado, defendiendo a García Ortiz, insiste en que no hay pruebas de la comisión de ningún delito.
¿Hay delito en la nota de prensa que buscaba desmentir un bulo difundido desde el Ejecutivo de Díaz Ayuso?
Aunque la Sala de Admisión del Tribunal Supremo excluyó inicialmente de la investigación todo lo relacionado con la nota de prensa del 14 de marzo de 2024, que contenía información del correo de la defensa del empresario, el instructor de la causa reintrodujo este asunto en sus pesquisas. A pesar de que el auto de procesamiento del fiscal general señalaba la imposibilidad de cometer el delito solo a través de la nota, gran parte de los testimonios en el juicio se centraron en la elaboración de dicho documento.
La jefa de prensa de la Fiscalía declaró que la nota se hizo al “dictado” del propio García Ortiz, tras recopilar todos los correos y documentación sobre el caso de González Amador. La acusación particular considera que la distribución de la nota a la prensa constituye un delito de revelación de secretos. La defensa, en cambio, argumenta que su elaboración es un acto impune, ya que todos los hechos incluidos en la nota ya habían sido divulgados por varios medios de comunicación.
¿Se le puede condenar por otros delitos diferentes a la revelación de secretos?
Algunas acusaciones, como Manos Limpias y APIF, solicitan de forma subsidiaria que, si no se prueba la revelación de secretos, García Ortiz sea condenado por un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Este delito no implicaría prisión, pero sí una pena de inhabilitación especial para ocupar el cargo de fiscal general, además de una multa. El abogado de Manos Limpias argumentó que el fiscal general se colocó en posición de custodio de documentos que requirió y que terminaron filtrándose. Algunas acusaciones también señalan prevaricación administrativa.
¿Se responderá a la compensación por daño moral que solicita González Amador por haber sido llamado defraudador confeso?
La acusación que ejerce la pareja de Ayuso solicita una indemnización de 300.000 euros por los daños morales que le causó, y según él le sigue causando, la difusión del correo de su abogado en el que se reconocían dos delitos fiscales. El letrado defendió la licitud de esta compensación, argumentando que la filtración y la nota de prensa de la Fiscalía quebrantaron la presunción de inocencia de su cliente, con el fin de crear un relato para atacar a su pareja. El abogado argumenta que incluso el presidente del Gobierno y su ministro de Justicia realizaron declaraciones públicas llamándole “defraudador confeso” sin haber sido aún juzgado por este delito. El fiscal general ha asegurado una fianza de 75.000 euros avalados por una propiedad inmobiliaria.
¿Qué valor se le dará al borrado de datos en los dispositivos del fiscal general?
El borrado de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos del fiscal general es un punto controvertido. Las acusaciones sostienen que se borraron pruebas de la filtración, mientras que la defensa argumenta que el borrado periódico del contenido de sus dispositivos electrónicos era “legítimo” e incluso una obligación del fiscal general por motivos de seguridad. La declaración del delegado de Protección de Datos de la Fiscalía no aclaró si estas cautelas eran de obligado cumplimiento.
¿Se anulará el registro realizado en el despacho del fiscal general?
Durante el juicio, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil justificaron su actuación en el despacho de García Ortiz y el volcado de sus dispositivos, amparándose en las órdenes del instructor de la causa.
La defensa del fiscal general solicitó la nulidad de actuaciones y la vulneración de derechos fundamentales de García Ortiz durante la instrucción, al considerar nulo el registro por su falta de motivación. Considera que fue “excesivo y desproporcionado” porque el juez dio vía libre para copiar toda la información sin aplicar ningún filtro, lo que llevó a la filtración de datos personales como números de teléfono y domicilio.
¿Se investigará a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra?
La sentencia también deberá considerar la tesis de la defensa, que intentó desviar el foco de García Ortiz hacia la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien también recibió los correos, pero se mostró contraria a informar a la prensa sobre el
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