El exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García, ha introducido la teoría de la conspiración en su defensa frente a las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su defensa ha solicitado al Tribunal Supremo que se identifique a los agentes involucrados en la investigación inicial.
En un escrito presentado al magistrado Leopoldo Puente, la abogada Leticia de la Hoz ha solicitado formalmente que la Dirección General de la Guardia Civil revele la identidad de los agentes que realizaron “visualizaciones o accesos” a las bases de datos policiales en relación con su cliente. Esta solicitud se enmarca dentro del llamado “caso Gaslow”, una investigación sobre un presunto fraude de 136 millones de euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los hidrocarburos.
Investigación Prospectiva
La defensa de García busca determinar si existió una “investigación prospectiva” contra su cliente, una práctica prohibida por la ley. La letrada argumenta que, en el procedimiento DP 100/2021 que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5, se encontraron conversaciones de WhatsApp entre un oficial del Grupo de Fuentes Humanas de la UCO, identificado como el señor Bonilla (bajo el alias “Roberto Alcázar”), y su confidente, el señor Caramés, en las que se preguntaba sobre Koldo García Izaguirre.
El objetivo de la defensa es esclarecer si la UCO inició una investigación sobre Koldo García antes de que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, comenzara sus propias pesquisas sobre la presunta trama de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Solicitud de Información Detallada
La defensa ha solicitado información precisa sobre las fechas en que se produjeron las visualizaciones o accesos a las bases de datos policiales gestionadas por la Guardia Civil, así como a cualquier otra fuente de información relacionada con Koldo García Izaguirre.
Además, la solicitud de información se extiende a la trazabilidad de los accesos a registros mercantiles, datos catastrales, información de cuentas bancarias y cualquier otro dato al que los funcionarios de la Guardia Civil tengan acceso en el ejercicio de sus funciones.
Contexto del Caso Gaslow
El 26 de septiembre, el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, interrogó como imputado en el caso Gaslow al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. Este oficial, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022, denunció presuntas irregularidades cometidas por el exjefe de Fuentes de la UCO, Juan Vicente Bonilla, quien actualmente trabaja en un departamento de la Comunidad de Madrid.
Contexto
Este caso se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de fondos públicos y la transparencia en las contrataciones gubernamentales. Las acusaciones de “investigación prospectiva” plantean serias dudas sobre la legalidad y la ética de los procedimientos de investigación policial, y podrían tener implicaciones significativas para la confianza pública en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
La solicitud de identificación de los agentes de la UCO busca arrojar luz sobre el origen y la motivación de la investigación contra Koldo García, y podría abrir la puerta a cuestionamientos sobre la imparcialidad y la objetividad de las pesquisas. El resultado de esta solicitud podría influir en el curso de la investigación y en la percepción pública del caso.
Claves y próximos pasos
- La defensa busca probar una posible investigación ilegal previa.
- La identificación de los agentes de la UCO es crucial para la estrategia de defensa.
- Se espera la respuesta del Tribunal Supremo a la solicitud de la defensa.
FAQ
¿Cómo me afecta? Este tipo de casos impacta la confianza en las instituciones y la gestión de recursos públicos.
¿Qué mirar a partir de ahora? La decisión del Tribunal Supremo y el desarrollo de las investigaciones en curso.
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