La Audiencia Provincial de Tarragona se encuentra en proceso de análisis de los argumentos presentados por el despacho Global Afteli, anteriormente conocido como Equipo Económico y fundado por Cristóbal Montoro en 2006, con el objetivo de anular la causa judicial en la que se ven implicados.
Los responsables del despacho, a la espera de ser citados a declarar ante el juez Rubén Rus, han remitido a la Audiencia sus alegaciones buscando la nulidad del procedimiento.
Antecedentes del caso
La investigación se inició en 2018 y se mantuvo en secreto durante siete años. El caso se hizo público el pasado verano, cuando se comunicó a las partes la imputación, entre otros, del exministro del Partido Popular, así como de ex altos cargos de Hacienda y directivos del mencionado bufete. Se les investiga por la presunta integración en una trama que buscaba influir en reformas legislativas a cambio de contraprestaciones económicas.
Argumentos de la defensa
La defensa de Equipo Económico, liderada por el letrado Carlos Luis Rubio, ha aprovechado un recurso de apelación presentado por Santiago Menéndez Menéndez, quien fuera director general de la Agencia Tributaria durante la gestión de Montoro, para exponer ante el tribunal de apelación un total de 96 alegaciones. Estas quejas se agrupan en cuatro argumentos principales:
- Investigación irregular y secreta: Se alega que el juez de Instrucción número 2 de Tarragona llevó a cabo una investigación de manera irregular y en secreto.
- Falta de competencia: Se cuestiona la competencia del juzgado para llevar a cabo la investigación.
- Cuerpo policial incompetente: Se argumenta que las pesquisas fueron atribuidas a un cuerpo policial que tampoco tenía competencia en el caso.
- Vulneración del secreto de las comunicaciones: Se denuncia la vulneración del secreto de las comunicaciones del despacho.
La defensa confía en que la Audiencia Provincial de Tarragona resuelva estas cuestiones, muchas de las cuales ya fueron presentadas como recursos ante el instructor de la causa desde principios de septiembre, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.
El juez Rus investiga la posible existencia de una organización en la que varios intervinientes habrían ocupado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central. Se presume que esta red de influencias tenía como objetivo la obtención de beneficios económicos.
Cuestionamiento de las reformas legislativas
El juez Rus sostiene que, a cambio de pagos significativos y con presunto abuso de la función pública, los socios del despacho Equipo Económico intervinieron de manera decisiva en reformas legislativas para beneficiar los intereses de sus clientes. Entre estos clientes se encontrarían empresas gasistas integradas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
El despacho rechaza esta interpretación y argumenta que es “legítimo, normal e incluso conveniente” que los diferentes sectores hagan llegar sus sugerencias y opiniones a los funcionarios y autoridades involucrados en la elaboración de normas, y que estos se asesoren con los mejores expertos. Afirman que esta fue la labor que desempeñó Equipo Económico para AFGIM.
Disputa sobre la competencia territorial
La defensa insiste en que, en todo caso, este asunto debería ser competencia de un tribunal de Madrid, ya que los presuntos hechos delictivos no se cometieron en Tarragona. Argumentan que esto implicaría la nulidad de todo lo actuado por el juez Rus debido a su falta de competencia. Según la defensa, “un juez incompetente ha estado instruyendo la presente causa durante siete años, la investigación policial ha estado en manos de un cuerpo también incompetente”.
Se argumenta que el Ministerio de Hacienda, sobre el cual supuestamente se ejerció presión para modificar las normas a cambio de dinero, tiene su sede principal en Madrid. Lo mismo ocurre con el despacho, que en su día estuvo asociado a Montoro y que se encuentra ubicado en la capital.
La defensa añade que “es impensable que el juzgado no supiera que la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales tiene su sede en la calle Hermosilla también de Madrid, ya que ese dato estaba incorporado a la causa desde el primer informe de los Mossos d’Escuadra”. Por lo tanto, alegan que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la competencia para la instrucción recae en el juez del partido judicial donde se cometió el delito.
Consideran que los supuestos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental “se habrían cometido en Madrid, donde radicaban los funcionarios supuestamente corrompidos y las entidades que se dice corruptoras”. Afirman que es en la capital donde tuvieron lugar las reuniones, los contactos, los informes, los trabajos y las propuestas legislativas sospechosas que finalmente fueron aprobadas por las Cortes Generales.
Críticas a la actuación de los Mossos d’Esquadra
La defensa también cuestiona la actuación de los Mossos d’Escuadra. Los correos electrónicos de los miembros del bufete fueron encontrados en una empresa gasista ubicada en Tarragona, donde se investigaba un delito contra el territorio que no está relacionado con los delitos que ahora se investigan contra Montoro y el despacho que fundó. Los registros fueron realizados por los Mossos d’Escuadra, cuerpo policial que, según la defensa, no era competente para investigar hechos “acaecidos en Madrid y a personas radicadas en Madrid”. No fue hasta abril de 2020 cuando el juez acordó encomendar también a la Guardia Civil estas pesquisas, aunque “de forma concurrente” con los agentes autonómicos.
La defensa reprocha a la policía autonómica que, tras hallar los correos en la empresa gasista, realizaran “al margen del más mínimo control judicial” una investigación paralela y prospectiva durante más de cinco meses antes de informar al juez Rus. Alegan que esto vulneró sus derechos a la inviolabilidad del
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