Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Observatorio de Buena Gobernanza, asumió en mayo la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Esta nueva institución inició su actividad el 1 de septiembre.
La creación de este organismo, dependiente del ministerio dirigido por Félix Bolaños, se concretó tras la entrada en vigor en 2023 de la ley que busca proteger a los “alertadores de corrupción”. Estos son ciudadanos que denuncian prácticas irregulares detectadas en su trabajo en instituciones públicas o empresas.
Primeros pasos de la Autoridad Independiente
Aproximadamente un mes después de asumir el cargo, se le preguntó a Villoria sobre los primeros pasos de la institución. Respondió que la prioridad ha sido formar un equipo inicial para el funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Se espera que este equipo crezca hasta superar las cincuenta personas, considerando las más de 2.000 denuncias anuales previstas.
Además, se ha trabajado en un sistema digital y en ciberseguridad para recibir denuncias de forma segura. También se busca acreditar a los responsables de canal interno, designados por empresas u organizaciones para gestionar y supervisar los canales de denuncia. Más de 30.000 entidades públicas y privadas están obligadas a designar estos responsables.
Protección a los denunciantes
Ante la confianza depositada por muchos alertadores en este nuevo organismo, tras experiencias de acoso y obstáculos profesionales por denunciar irregularidades, se le preguntó a Villoria qué puede ofrecer la Autoridad Independiente.
Villoria explicó que su trabajo esencial es proteger a los denunciantes que presenten sus denuncias a partir de la aprobación de la ley y que cumplan con las condiciones establecidas. A estas personas se les ofrece lo que estipula la ley: confidencialidad, anonimidad, indemnidad, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, dentro de los límites presupuestarios establecidos.
Subrayó que no toda persona que denuncia a otra puede recibir protección. Esta protección exige denuncias de incumplimientos claros y el uso de los canales adecuados. Villoria enfatizó que la sociedad valorará los actos de denuncia si se transmite el mensaje de que quienes denuncian con fundamento y buena fe son colaboradores imprescindibles para un verdadero estado de derecho y para garantizar los derechos de la ciudadanía.
Medios de la oficina
En cuanto a los medios con los que cuenta la oficina para dar protección a estas personas, Villoria indicó que, según los estudios de cargas, se necesitarán al menos unas 50 personas bien formadas, además de gastos para protección jurídica y apoyo psicológico, así como gastos tecnológicos y logísticos.
La corrupción como problema endémico
Consultado sobre si la corrupción es un mal endémico y cómo deben enfrentar este problema las sociedades democráticas, Villoria señaló que para explicar la corrupción a nivel general se necesitarían varios libros, pero que esencialmente las causas son tres:
- Debilidad institucional: falta de leyes, procedimientos y órganos adecuados para el funcionamiento del sistema democrático, incluyendo un sistema electoral justo, un poder judicial independiente, una prensa libre, una administración imparcial, y órganos de control independientes y bien formados.
- Desigualdad y pobreza: la desigualdad permite la compra de decisiones políticas y la dependencia de los partidos de sus financiadores, mientras que la pobreza genera clientelismo, con personas dependiendo de caciques políticos para servicios esenciales a cambio del voto.
- Cultura política y social: las sociedades particularistas, donde la clave para resolver problemas son los amigos y familiares, son más corruptas que las sociedades universalistas, donde se priorizan buenas leyes y su cumplimiento.
El caso de España
Respecto al caso de España, Villoria considera que en los últimos 50 años de libertad se ha avanzado en los tres aspectos mencionados, y la existencia de instituciones como la que preside es una muestra de ello. Las instituciones están cada vez más preparadas para luchar contra la corrupción, tanto para descubrirla como para sancionarla.
Además, una sociedad democrática cada vez más madura y exigente en términos éticos tiene una menor tolerancia con estos comportamientos. El reto, por tanto, es que la evolución de las instituciones sea paralela a la de la sensibilidad social.
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