Tras conocerse el resultado de la fallida oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell, el Gobierno ha mantenido una postura de respeto hacia la operación y la decisión de los accionistas. No obstante, fuentes del Ejecutivo han manifestado cierto alivio ante el desenlace.
Posición del Gobierno
De acuerdo con las fuentes, la aprobación de la OPA habría prolongado la incertidumbre durante al menos cuatro años más, obligando al Gobierno a supervisar la fusión y garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas, como la independencia en la gestión de las entidades.
A pesar de mantener una postura pública neutral durante el proceso, el Gobierno, a través de la parte socialista de la coalición (dado que Sumar siempre se mostró contraria), abogó en junio por endurecer las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la operación. Incluso se consideró la posibilidad de extender a cinco años el veto a la integración.
Reacciones tras el anuncio
Poco después de que se conociera la noticia del fracaso de la OPA, fuentes de La Moncloa transmitieron su “total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell”, argumentando que eran ellos quienes debían valorar la operación. Asimismo, destacaron la “impecable actuación” de los supervisores y autoridades involucradas, como el Banco de España, la CNMC y la CNMV.
Esta línea argumental ha sido reiterada por los distintos miembros del Gobierno que se han pronunciado públicamente sobre el tema, haciendo hincapié en el respeto a la decisión de los accionistas.
Declaraciones de miembros del Gobierno
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que el Gobierno ha procurado “defender el interés general” durante el proceso, asegurando que “la arquitectura del sistema no haga más difícil que pymes, pequeños ahorradores o autónomos vayan a obtener acceso a crédito”. Montero también enfatizó la importancia de que “la capilaridad del sistema financiero debe estar presente en todo el territorio”.
Montero también calificó de “inmaculado” el proceso de supervisión llevado a cabo por los organismos competentes, resaltando la solvencia de ambas entidades y anticipando que, tras el fracaso de la OPA, “seguirán trabajando en su ámbito de competencia y seguirán teniendo la confianza de los inversores como hasta ahora”.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, también destacó la solvencia de ambas entidades, subrayando que “España es un país muy atractivo para inversiones y también para operaciones mercantiles”. Añadió que “tanto el BBVA como el Banco Sabadell son dos entidades financieras solventes, sólidas, bien gestionadas, con proyectos de futuro y que son representantes de un sistema financiero español que es modélico en Europa, que es solvente, que funciona y que es ejemplar”.
Por su parte, Félix Bolaños animó a ambas entidades a “trabajar con proyectos empresariales por separado para seguir reforzando ese nombre y esa reputación que tiene el sistema financiero español fuera de nuestras fronteras”.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió desde Estados Unidos que la normativa española “no ha supuesto ningún obstáculo al desarrollo de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell”, a pesar de las críticas que sugerían una posible interferencia del Gobierno. “La decisión final correspondía a los accionistas, y así ha sido”, remarcó.
Cuerpo también defendió su actuación en la OPA, tras conocerse que la Unión Europea seguirá adelante con el expediente sancionador abierto contra España en el marco de esta operación.
Reacción de Sumar
Desde el socio minoritario de la coalición de Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ocultó su satisfacción por el resultado de la OPA. “Que no siga adelante es una buena noticia para el país”, afirmó, considerando que ha triunfado el sentido común.
Díaz consideraba que la operación suponía un riesgo “mayúsculo” debido al grado de concentración bancaria, el encarecimiento del crédito y los despidos (entre 5.000 y 7.000) que habría implicado la OPA.
Reacciones políticas en el País Vasco
El Gobierno Vasco, presidido por Imanol Pradales, ha subrayado que el “BBVA es un banco vasco, con raíces profundas en Bilbao y una larga trayectoria de compromiso con Euskadi”. Añadió que la entidad que lidera Carlos Torres, “en los últimos tiempos ha dado pasos importantes para reforzar su presencia, su contribución y su impacto económico y financiero” en el País Vasco. Fuentes de la Lehendakaritza enmarcaron la operación como un asunto “entre dos empresas privadas” en la que “los y las accionistas quienes debían decidir. Y han decidido”.
El Ejecutivo vasco considera que “se abre un nuevo tiempo para BBVA. Y también una nueva etapa para afianzar y reforzar la relación de Euskadi con una de sus principales entidades financieras”, por lo que “hay que seguir profundizando en esa dirección, consolidando la relación y generando un mayor retorno compartido, tanto para Euskadi como para el propio banco”, porque, subrayan, “tener un sector financiero fuerte, competitivo y con arraigo es bueno y necesario. Para la economía vasca y para la catalana”.
Reacción del PP
Por su parte, el PP se ha mantenido en silencio, limitándose a expresar respeto por las reglas del mercado y el derecho de los accionistas a “tener la última palabra”, según Cuca Gamarra.
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