El exministro José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo la designación de un abogado de oficio para su declaración, prevista para este miércoles, en el marco del caso Koldo. Esta petición se produce tras la renuncia de su anterior abogado, José Aníbal Álvarez, este lunes.
Ábalos, quien fue citado a declarar tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntaba a pagos del PSOE, comunicó su decisión al alto tribunal mediante un escrito, y también lo hizo público a través de la red social X.
En el escrito dirigido al Tribunal Supremo, Ábalos solicita que “se libre oficio al ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a fin de que sea designado [un abogado] que le defienda en estas actuaciones, y le asista a la declaración acordada practicar”.
En su mensaje en X, Ábalos indicó: “Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana”.
La solicitud de abogado de oficio implica que, aunque inicialmente la asistencia letrada sea gratuita, Ábalos podría tener que asumir los costes posteriormente. La asistencia jurídica gratuita está destinada a personas con ingresos anuales inferiores a 16.800 euros (en el caso de un núcleo familiar de una sola persona) o 42.000 euros (para familias de cinco miembros en circunstancias excepcionales). Dado que su sueldo como diputado es superior a ese umbral, se espera que deba pagar la minuta del abogado asignado.
Diferencias con su anterior letrado
En el escrito presentado este lunes, Ábalos argumentó que las diferencias con su anterior abogado, José Aníbal Álvarez, “lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante, lo que hace inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza”.
Ábalos consideró que existen “diferencias irreconducibles” con su letrado, especialmente en relación con el mantenimiento o la renuncia de su escaño en el grupo mixto (al que pertenece tras ser expulsado del PSOE), un factor que determina la competencia del Tribunal Supremo debido a su condición de aforado. También mencionó su negativa a pactar con la Fiscalía Anticorrupción.
“La consecuencia es que, tras distintos episodios de desacuerdo, acompañado del ambiente generado en el contexto de los medios de comunicación, la relación entre nosotros se ha visto interrumpida, hasta el punto de que el firmante, que no es abogado, se tiene que preparar su declaración por sí solo”, señalaba el escrito remitido al alto tribunal.
La defensa de Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, solicitó un aplazamiento de la declaración de Ábalos y de Koldo García, prevista para el jueves, debido a la coincidencia con otras diligencias. Sin embargo, el juez Puente rechazó la petición, dada la situación de prisión preventiva de Koldo García desde el pasado 30 de junio por delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El magistrado tampoco accedió a un aplazamiento cuando Koldo García cambió de abogado días antes de su anterior citación, en junio, para ser representado por Leticia de la Hoz. El juez advirtió que, de no comparecer, podrían adoptarse medidas cautelares y rechazó aplazar los plazos procesales. Koldo García finalmente acudió a la comparecencia, pero se negó a declarar.
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