El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, reafirmó la importancia de mantener “engrasada la máquina de defensa del agua” durante un encuentro en Alicante. La reunión congregó a la consejera murciana de Agua y Agricultura, Sara Rubira, al secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, y al presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez.
Este encuentro representó la tercera ocasión en un año y medio en la que Mazón se reúne con representantes de gobiernos autonómicos del Partido Popular para fortalecer lo que él denomina el “eje” en defensa del trasvase Tajo-Segura.
Exigencia de Derogación
Los representantes de las tres comunidades autónomas coincidieron en la necesidad de derogar el Plan Hidrológico del Tajo y anular las nuevas reglas de explotación, que aún se encuentran en trámite. Calificaron estas reglas como “irregulares” y manifestaron que todavía existe la posibilidad de revertir el proceso, que implicaría una reducción del trasvase desde los 320 hectómetros anuales que se han enviado a Murcia, Alicante y Almería en los últimos 46 años, hasta la mitad de esa cantidad.
En línea con encuentros anteriores, los participantes lamentaron la falta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica, argumentando que, tras la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo en enero de 2023, el ministerio “no ha sabido qué hacer” con las normas de explotación. También cuestionaron la falta de pronunciamiento sobre el borrador del documento técnico, que es obligatorio tras cada revisión del ciclo hidrológico, después del anuncio de las nuevas reglas en junio.
Cuestionamiento Político e Ideológico
La reunión, que no contó con la participación de la Comunidad de Madrid a pesar de haber asistido a las dos anteriores, se convocó para analizar las conclusiones de un informe sobre el Trasvase Tajo-Segura encargado por la Generalitat Valenciana. El objetivo es presentar este informe al Ministerio para la Transición Ecológica, aunque iniciativas similares no han recibido respuesta en los últimos dos años.
Aunque se asumió que el informe estaba completo, en realidad se trata de un borrador. Además, se indicó erróneamente que la Universidad de Alicante participó en su elaboración, cuando en realidad es un encargo de la dirección general del Agua y la institución académica no está involucrada, por el momento.
Mazón criticó que el trasvase Tajo-Segura sea el único de los 17 trasvases existentes en España (o 50, si se incluyen los de menor envergadura) que se cuestiona políticamente, a pesar de ser el más importante en volumen de agua trasvasado al año, con un promedio de 320 hectómetros anuales.
La Voz del Sector Agrario
Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), actuó como portavoz del sector agrario. Criticó que las normas de explotación respondan a decisiones políticas y no técnicas, lo que explicaría su retraso en la aprobación. En su opinión, “todavía es posible que esas reglas que surgen de la planificación política vayan al baúl de los recuerdos”. Pidió “cordura” y recordó que, una vez atendidas las necesidades del alto Tajo y las exigencias de los colectivos ecologistas, “hay mucha agua para trasvasar”. Jiménez advirtió que las nuevas reglas podrían poner en riesgo las economías de tres comunidades autónomas debido a “una componenda de votos”, fruto de una decisión que, en su momento, “decidió la ministra con su dedo”, al margen del criterio técnico.
Al encuentro también asistieron el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, y la directora general del Agua, Sabina Goretti Galindo, además del vicepresidente del SCRATS y presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda Río Segura, Roque Bru.
Caudales Ecológicos en el Alto Tajo
El presidente de la Generalitat cuestionó la disparidad en los caudales fijados: mientras que en Aranjuez se establece un caudal ecológico de 8,65 m³/s para el Tajo, en ríos como el Júcar o el Jarama las cifras son considerablemente menores, a pesar de contar con mayores aportes. Ante ello, se preguntó: “¿Cómo es posible y cuál es la hoja de ruta?”.
Mazón defendió que los regantes del sureste cuentan con “el peso de la razón”, al enfrentarse a unas reglas plagadas de “contradicciones de extraordinario nivel”. Subrayó que su reivindicación no responde únicamente a intereses agrícolas o económicos, sino también ambientales, ya que, según advirtió, “se pretende acabar con millones de árboles en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía”.
Además, acusó al Gobierno central de incumplimiento al haber anunciado inversiones de 1.300 millones de euros para la cabecera del Tajo y haber ejecutado apenas 100 millones en el actual ciclo del plan hidrológico que se inició en 2023 y culmina en 2027.
Medidas Pendientes
Entre las actuaciones sin realizar, se encuentra la modernización de regadíos en el Alto Tajo, y la mejora de la depuración de aguas residuales de la Comunidad de Madrid, una de las variables que más degrada la calidad del agua del río y que obliga a diluir la contaminación del río Jarama, afluente del Tajo, con más caudal.
En el caso del Plan Hidrológico del Segura tampoco se han llevado a cabo inversiones que puedan contrarrestar la merma de agua, como las desaladoras y las plantas solares que rebajen su consumo energético.
Postura de Murcia
Sara Rubira, consejera murciana, reiteró la necesidad de
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