El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instructor de la causa contra el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha respondido a la Fiscalía Europea sobre la investigación en curso. La respuesta se centra en la posible implicación de fondos de la Unión Europea en las obras públicas bajo sospecha.
Respuesta del Juez Puente
El magistrado Puente ha comunicado a la Fiscalía Europea que, hasta el momento, no le consta que ninguna de las obras públicas investigadas haya comprometido fondos procedentes de la Unión Europea. Esta circunstancia sería determinante para establecer la competencia del ministerio público de la UE en el caso.
Sin embargo, el juez Puente matiza su respuesta, señalando que “evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad”. Esta declaración deja abierta la posibilidad de que, a medida que avance la investigación, se encuentren pruebas que vinculen las obras con fondos europeos.
Objeto de la Investigación
El juez Puente subraya que el objeto principal de su investigación es la “eventual existencia de sendas organizaciones criminales integradas por autoridades, funcionarios y particulares”. Estas organizaciones, según las investigaciones, habrían utilizado posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias para lograr la adjudicación de determinadas obras públicas.
Según el juez, esta investigación se realiza “con entera independencia de los fondos que pudieran ser empleados” en las obras. En este sentido, el origen de los fondos sería un “elemento meramente accidental” en la investigación principal. Hasta el momento, el juez no considera que exista un “perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.
Solicitud de Información de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea solicitó información al juez Puente sobre las obras investigadas. El objetivo de esta solicitud era verificar si las obras coinciden con una denuncia presentada ante la Fiscalía por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. De confirmarse la coincidencia, la Fiscalía Europea podría evaluar su posible competencia en el caso y ejercer su derecho de avocación.
Cabe recordar que la Fiscalía Europea ya intentó, sin éxito, asumir la competencia del caso antes de que se dividiera entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La división se produjo al aparecer indicios contra José Luis Ábalos, quien está aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Detalles de la Investigación
En una providencia de ocho folios, el juez Puente recuerda que abrió una pieza separada el pasado 23 de septiembre para investigar la parte del caso referida a obras públicas. En esta pieza separada están siendo investigados, entre otros, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor de Ábalos, Koldo García, y seis empresarios, incluyendo a Víctor de Aldama.
El juez añade que, en esta pieza separada, se ha identificado “la posible existencia de una organización criminal orientada a obtener la indebida adjudicación de obra pública”. Las empresas favorecidas se beneficiarían con la obtención del rendimiento económico resultante, y a cambio, “satisfaciendo, a cambio, a determinadas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente, e indebido, premio económico”. Estos funcionarios, a su vez, “desplegando estos, a su vez, su mal utilizada influencia sobre los organismos o entidades a las que competía la adjudicación de aquellas obras”.
Además de esta trama principal, se investiga la posible existencia de una segunda organización, “en parte compuesta por las mismas autoridades o funcionarios públicos, en relación con otras entidades constructoras, con aparente menor entidad económica”, que tendría el mismo objetivo.
Obras Públicas Bajo Investigación
El informe del juez detalla las obras públicas concretas que están siendo objeto de investigación, incluyendo tanto las del ámbito de la entidad ADIF como las de la Dirección General de Carreteras. Tras recibir los expedientes completos de dichas obras, el pasado 23 de septiembre se solicitó un informe sobre los mismos a la Intervención General del Estado, que aún está pendiente de ser presentado.
El juez Puente concluye reiterando que, hasta el momento, no consta que ninguna de las obras públicas investigadas haya comprometido fondos procedentes de la Unión Europea. Sin embargo, insiste en que el objeto de la causa es la posible existencia de organizaciones criminales que habrían logrado adjudicaciones de obras mediante cohecho e influencia, independientemente del origen de los fondos empleados.
Finalmente, el magistrado insiste en que no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento, perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.
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