El Gobierno español enfrenta crecientes dificultades para avanzar en su agenda social debido a los vetos cruzados entre los partidos que conforman la coalición y sus socios parlamentarios. Esta situación complica la ya de por sí compleja tarea de gobernar en minoría y de conciliar los intereses de siete formaciones políticas diferentes.
La dificultad para lograr acuerdos está afectando a iniciativas clave, desde la reforma de la ‘ley Mordaza’ hasta las propuestas para abordar la crisis de la vivienda. La aprobación de medidas que satisfacen a algunos socios a menudo genera el rechazo de otros, paralizando la acción del Ejecutivo.
Complejidad Parlamentaria y Vetos Cruzados
Fuentes gubernamentales reconocen que la aritmética parlamentaria es más intrincada que en la legislatura anterior, caracterizada por la ausencia de mayorías claras, ya sean progresistas o conservadoras. A esta dificultad se suma la intensificación de los vetos cruzados entre los diferentes grupos políticos.
“Hay algunos que no hablan con otros grupos”, señalan negociadores del Gobierno, lo que obliga al Ejecutivo a mediar entre sus aliados para facilitar la aprobación de iniciativas. Esta dinámica refleja una creciente competencia entre los partidos, que a menudo se enfrentan en sus respectivos territorios.
Según las mismas fuentes, esta competencia está llevando a algunos partidos a “ahondar en las diferencias”, buscando marcar un perfil propio más definido y adoptando posturas maximalistas cuando se trata de medidas impulsadas por sus rivales. Desde el socio minoritario del Gobierno se apunta que, en ocasiones, las conversaciones se estancan sin que esté claro si el problema reside en “el contenido, la forma, quién lo propone o con quién se ha negociado”.
Ante esta situación, el Gobierno apuesta por el diálogo y la búsqueda de consensos que beneficien a todos los socios de la mayoría de investidura. Se advierte que los reproches cruzados en la tribuna parlamentaria no contribuyen a facilitar los acuerdos y enturbian la iniciativa parlamentaria. “No ayuda que la gente se insulte”, señalan fuentes del Ejecutivo, que reconocen que “cada partido tiene su juego”, pero advierten que llevarlo al extremo de la incompatibilidad podría paralizar la agenda política de todos. En este contexto, se asume que “no se puede pedir la luna” en relación con las iniciativas del Gobierno.
Iniciativas Bloqueadas y Disputas Internas
El choque entre socios ya ha frustrado varias iniciativas pactadas por el Gobierno con algunos de sus aliados. Entre ellas, destacan la rebaja de la jornada laboral, rechazada por Junts, y la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, vetada por Podemos. El Gobierno argumenta que su capacidad de negociación tiene límites y que no se le puede responsabilizar de las decisiones de voto de otros partidos.
Los propios socios reconocen esta dinámica. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se refirió a la “situación realmente complicada entre los diferentes partidos que hay en el hemiciclo con intereses cruzados”. Por su parte, el líder del PNV, Aitor Esteban, reconoció que “cada partido va a marcar su perfil” ante la “neblina” que se cierne sobre el futuro de la legislatura. Más allá de las medidas que han sido rechazadas, varias leyes se encuentran bloqueadas en la Cámara por la falta de acuerdo.
Un ejemplo de ello es la disputa entre EH Bildu y PNV en torno a la reforma de la ‘Ley Mordaza’. Ambas formaciones chocan frontalmente por la forma en que se recoge “el principio de autoridad” en la norma. Además, EH Bildu endureció su posición inicial porque la modificación de la ley se basaba en un texto del PNV, mientras que ahora son los jeltzales quienes frenan el pacto porque el Gobierno negoció con EH Bildu unos cambios que no les convencen.
Inmigración, Vivienda y Prostitución: Otros Frentes Abiertos
La reforma de la ‘Ley Mordaza’ no es el único escollo. La iniciativa legislativa popular para legalizar a medio millón de personas migrantes lleva meses bloqueada en el Congreso ante la incapacidad de conciliar las enmiendas de todos los socios. Más allá de las diferencias ideológicas entre el PNV y los partidos de izquierda, la batalla se ha centrado entre Podemos y Junts. Podemos exigía la aprobación de esta ley para dar su voto favorable a la delegación de migración a Cataluña, mientras que Junts quería que fuera al revés. Ante esta situación, Podemos acabó tumbando la norma, lo que anticipa un bloqueo de la regularización de migrantes por parte de Junts.
También existen desacuerdos a la hora de abordar el problema de la vivienda en España. Actualmente, hay casi media decena de iniciativas registradas en el Congreso, todas ellas presentadas por formaciones de izquierda. Sin embargo, PNV y Junts han frenado estas medidas exigiendo modificaciones, como una mayor protección a los propietarios. ERC llegó a un acuerdo con Junts para modificar los contratos de alquiler temporales, pero la norma permanece estancada.
Las discrepancias se extienden incluso a los propios partidos de izquierda. El Gobierno ha manifestado en varias ocasiones su intención de presentar una norma en el Congreso para abolir la prostitución. Hace tres años, una iniciativa similar provocó la división del grupo de Unidas Podemos, con los ‘comunes’, abiertamente regulacionistas en lo referente a la prostitución, votando en contra. El Ejecutivo aún no ha abordado este debate en la presente legislatura, pero todo indica que será una fuente más de conflicto entre los socios.
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