El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, a cargo del juez Rubén Rus Vela, ha extendido el plazo de instrucción del caso Montoro hasta el 26 de enero de 2026. La decisión se formalizó en un auto fechado el 26 de julio, al cual ha tenido acceso este medio.
El juez justifica la prórroga debido a la reciente imputación de una treintena de personas, tanto físicas como jurídicas, en la causa.
Pendientes Declaraciones e Informe Tributario
El auto judicial subraya que aún están pendientes las declaraciones de todos los investigados. Además, se está a la espera de un informe crucial de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria, que se considera fundamental para el avance de la investigación.
Asimismo, el juzgado ha recibido múltiples solicitudes de personas jurídicas que buscan constituirse como acusaciones populares en el caso. El pasado 31 de julio, se aceptó la personación de Podemos como acusación popular, sumándose a partidos como el PSOE y Vox, que ya participan en la causa.
El juez Rus Vela argumenta que la prórroga es necesaria para garantizar el derecho de los investigados a solicitar la práctica de diligencias de instrucción. De no extenderse el plazo, se limitaría esta posibilidad, así como la eventual necesidad de acordar nuevas diligencias que pudieran surgir del contenido de las declaraciones.
Solicitud del PSOE
La representación procesal del PSOE había solicitado previamente una ampliación de seis meses, argumentando la complejidad del caso, el elevado número de investigados y la necesidad de practicar diligencias ya acordadas pero aún no ejecutadas. El objetivo, según el PSOE, es dar cumplimiento a “los fines constitucionales del proceso penal”.
En su solicitud, el PSOE hizo referencia a informaciones publicadas por este medio sobre correos electrónicos relacionados con actuaciones del exministro Montoro en relación con la situación fiscal de Rodrigo Rato y Juan Carlos Monedero. Ambos habrían solicitado personarse en la causa.
Los socialistas también expresaron su preocupación por la falta de información sobre las personaciones y las decisiones judiciales al respecto, lo que podría vulnerar el principio de igualdad de armas y generar indefensión. Insistieron en la necesidad de citar a las 29 personas físicas y seis personas jurídicas imputadas, y denunciaron que gran parte de las actuaciones no se comunicaban a las partes.
Complejidad de la Investigación
El juez instructor describe la investigación como “sumamente compleja” y señala la existencia de una presunta trama que involucra a la mercantil Equipo Económico. Según la investigación, esta empresa se dedicaría a “intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes” a cambio de una contraprestación económica.
En particular, las empresas gasísticas asociadas a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) habrían contratado a Equipo Económico para influir en la modificación de la normativa sobre el Impuesto Eléctrico y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Los delitos que se investigan son, entre otros, cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, falsedad en documentos, delitos contra la libre competencia y pertenencia a organización criminal.
Dudas de la Fiscalía Anticorrupción
La fiscal de anticorrupción Carmen García Cerdá ha expresado dudas sobre la desvinculación del exministro Cristóbal Montoro de Equipo Económico, empresa que fundó en 2006 y de la que se desligó en 2008. La fiscal considera sospechoso que, al desprenderse de su participación, “no se ejercitaran derechos de adquisición preferente”.
La fiscal García Cerdá también cuestiona que el paquete de acciones de Montoro “acabara en manos del señor Martínez Rico (que parece no detraía ingresos del despacho acorde al porcentaje de participación formal), así como en las de su hermano (Ricardo Montoro, del que no consta el ejercicio de funciones, ni toma de decisiones, ni representaciones o autorizaciones en cuentas, ni flujos de renta inherentes a su participación, por otro lado, nada desdeñable)”.
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