El Gobierno español ha adoptado una postura cautelosa en su reacción inicial tras la intercepción por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla, que transportaba ayuda humanitaria a Gaza y a bordo de la cual viajaban más de medio centenar de ciudadanos españoles. En un intento por evitar una confrontación directa, el Ejecutivo ha optado por no valorar de inmediato la actuación del gobierno de Benjamin Netanyahu, priorizando la liberación de los españoles detenidos.
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han enfatizado la urgencia de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de los ciudadanos españoles “retenidos”. Han señalado que, una vez resuelta esta situación, se procederá a analizar los hechos y a considerar posibles acciones.
“Para nosotros, ahora mismo, lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas y que puedan regresar pronto a casa, a su casa, a España. Y a partir de ahí, evidentemente, estudiaremos cualquier tipo de acción”, declaró el presidente Sánchez desde Copenhague, donde asistió a la cumbre de la Comunidad Política Europea. El presidente evitó pronunciarse sobre la legalidad de la intervención israelí en aguas internacionales.
El ministro Albares, por su parte, indicó que el Gobierno está llevando a cabo un análisis exhaustivo de los acontecimientos, centrándose en brindar protección diplomática y consular a los españoles que formaban parte de la flotilla.
“Llegará otro momento en el que una vez que analicemos todo lo que está ocurriendo pues podamos tomar otro tipo de decisiones”, afirmó Albares, subrayando su compromiso con la acción, pero también con la prudencia: “En mi trabajo como ministro de Asuntos Exteriores no soy amigo de la inacción, tampoco soy amigo de la precipitación”.
Evitando la crítica directa
Por el momento, tanto Sánchez como Albares han evitado criticar directamente al gobierno de Benjamin Netanyahu. No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para exigir la liberación inmediata de los “retenidos”, enfatizando que se trata de “ciudadanos pacíficos” que no representaban ninguna amenaza.
El Gobierno español ha optado por la prudencia, a la espera de obtener información precisa sobre la situación de los ciudadanos españoles. Si bien Albares mencionó que su Ministerio tenía contabilizados a 65 españoles, la organización de la flotilla sitúa la cifra en alrededor de medio centenar.
El Ministerio de Asuntos Exteriores aún no dispone de información precisa sobre el número exacto de detenidos ni sobre si todos se encuentran en el puerto de Asdod. El cónsul y el consejero de Interior de la Embajada se han desplazado a la zona para brindar asistencia consular.
Según denunció el grupo de abogados Adalah, que asesora a la flotilla, algunos participantes han informado que “las autoridades migratorias han iniciado ya las vistas para su deportación y sus órdenes de detención en el puerto de Asdod” sin la presencia de asistencia legal.
La intercepción de la flotilla ha puesto de manifiesto las diferencias dentro de la coalición gubernamental. Los ministros de Sumar han cuestionado la actuación del Ejecutivo, que envió al buque de salvamento marítimo ‘Furor’ con el único propósito de brindar ayuda y rescate, sin escoltar a los barcos, algunos de los cuales enarbolaban bandera española.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado que el buque de acción marítima de la Armada ‘Furor’ permanecerá en la zona hasta que los activistas de la flotilla sean liberados y puedan regresar a sus países de origen.
Críticas desde Sumar
En contraste con la moderación mostrada por Sánchez y Albares, Sumar, socio minoritario en el Gobierno de coalición, ha elevado el tono contra Netanyahu y ha criticado la “tibieza” del PSOE en su respuesta a Israel tras la intercepción de la flotilla.
La vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, ha exigido mayor contundencia y “alzar más la voz” contra Israel y el “gobierno criminal” de Netanyahu, admitiendo “discrepancias” con los socialistas sobre las medidas a adoptar en relación con la situación en Gaza.
Díaz subrayó las diferencias en torno al plan de paz para la Franja de Gaza promovido por Estados Unidos, al que el PSOE ha dado la bienvenida y al que Sumar se opone. Además, ha propuesto medidas adicionales contra Israel, como la ruptura de relaciones diplomáticas y la suspensión de vínculos comerciales entre empresas españolas e israelíes.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha criticado duramente la intervención de las tropas israelíes, calificándola de “piratería” y solicitando a la Fiscalía que actúe de oficio para defender los derechos de los ciudadanos españoles.
En términos similares, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, considera que los activistas detenidos son “rehenes” de un secuestro por parte de Tel Aviv.
Podemos ha ido más allá, exigiendo al Gobierno de Sánchez que denuncie a Israel ante la Corte Penal Internacional por el “secuestro ilegal” que, a su juicio, representa la intervención israelí sobre las embarcaciones que se dirigían a Gaza. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado este acto como crimen de guerra y “terrorismo de Estado”.
Belarra también ha criticado al Gobierno de Sánchez por movilizar al buque de la Armada española ‘Furor’, reprochando que finalmente no haya escoltado a las embarcaciones.
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