El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunta malversación, está valorando ofrecer a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse como acusación en el caso. Esta decisión se produce tras el inicio del proceso que podría llevar a Gómez ante un tribunal del jurado.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid debe decidir sobre una serie de diligencias de prueba solicitadas por las acusaciones populares, relacionadas con las actividades de Cristina Álvarez, asistente de Gómez en Moncloa. Entre estas solicitudes se encuentra la de ofrecer a Hacienda la oportunidad de actuar como acusación para reclamar por los posibles perjuicios económicos causados al Estado.
Posible reclamación de indemnización
Las acusaciones, dirigidas por la representación legal de Hazte Oír, solicitan que se ofrezcan acciones a la Abogacía del Estado, en representación de la Intervención General, para que se persone como acusación particular y defienda los intereses patrimoniales del Estado. El objetivo es reclamar a Begoña Gómez una indemnización por los daños y perjuicios económicos que se deriven de los actos ilícitos que se investigan en esta pieza separada.
La investigación se centra en la presunta colaboración de Álvarez en la búsqueda de financiación para la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Universidad Complutense. Se alega que estas gestiones excedían sus obligaciones públicas y podrían haber afectado al erario público.
En un escrito de 25 páginas, al que ha tenido acceso este medio, se argumenta la existencia de indicios de malversación y se solicitan nuevas diligencias de prueba, incluyendo una investigación patrimonial a la asistente en Moncloa.
Solicitud de nueva declaración de Pedro Sánchez
El escrito también insiste en la necesidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelva a declarar como testigo. Esta petición ya fue planteada por las acusaciones durante la vista celebrada ante el juez Peinado, donde se comunicó que el caso se dirimirá mediante un tribunal del jurado. Las acusaciones consideran esta declaración “imprescindible”.
El objetivo de esta nueva declaración sería esclarecer el grado de “conocimiento, supervisión, consentimiento o tolerancia” que Sánchez, en su doble condición de Jefe del Ejecutivo y esposo de Begoña Gómez, pudo tener respecto a las actividades de la asistente.
“Su testimonio es esencial para determinar cuándo y cómo tuvo conocimiento de la contratación de la investigada Álvarez, el alcance real de las funciones que esta desempeñaba, y las instrucciones u omisiones de control interno que se produjeron en relación con la diferencia entre agenda pública y agenda privada”, señalan las acusaciones. Se refieren a una diferencia que, según apuntan, la propia Álvarez reconoció ante el juez. La asistente también declaró que su labor de asistencia a la esposa del presidente del Gobierno le ocupaba “las 24 horas los siete días a la semana”.
Las acusaciones añaden que la comparecencia de Sánchez, quien ya fue citado a finales de julio y se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa, serviría para “corroborar o desmentir las manifestaciones de las investigadas, esclarecer las eventuales órdenes o consentimientos para la utilización de personal, tiempo de trabajo, vehículos oficiales, escoltas y otros medios públicos en beneficio particular”. También para “acreditar el conocimiento directo que necesariamente le corresponde por su cargo y por su relación personal con la principal beneficiaria del desvío de fondos”.
Otras diligencias solicitadas
Entre las diligencias solicitadas, se incluye insistir en un careo entre la asistente y quien fuera su superior, Alfredo González Gómez, que no se concretó antes del verano. También se pide un requerimiento “exhaustivo” de todos los correos electrónicos y “cualquier tipo de soportes cruzados” entre Begoña Gómez y su asistente.
Respecto a la asistente, se solicita su vida laboral e incluso una “averiguación” patrimonial que incluya información sobre sus salarios (requerida a Presidencia del Gobierno), una petición a la Agencia Tributaria sobre sus declaraciones de la renta, y una nueva declaración del exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, quien ha entregado 121 correos que acreditan la correspondencia entre ambos.
Finalmente, se requiere un oficio al Ministerio de Félix Bolaños para que certifique la relación de Puestos de Trabajo desde 2018 hasta la actualidad, “incluyéndose los cambios que se han realizado durante los años citados, relacionados con el puesto de María Cristina Álvarez Rodríguez, sus superiores jerárquicos y sus dependientes jerárquicos”.
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