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El Tribunal Supremo ha expresado su rechazo a la estrategia de defensa empleada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en el marco del caso Koldo, una trama de presunta corrupción en la adjudicación de obra pública. Fuentes del alto tribunal califican de “insultante” la estrategia que busca enmarcar al juez instructor, Leopoldo Puente, en un supuesto “complot” junto a Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Acusaciones de la defensa y respuesta del Supremo
En su último escrito para solicitar la libertad, rechazado el viernes por el magistrado, la defensa de Cerdán argumentaba que su imputación buscaba “influir en la acción del Gobierno”. El Supremo considera esta afirmación un “disparate”, ya que implicaría que la unidad investigadora de la Guardia Civil “maneja al alto tribunal” y ha arrastrado a una supuesta conspiración contra el Gobierno de Pedro Sánchez no solo al juez Puente, sino también a los magistrados que admitieron la exposición del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno contra Cerdán, y a la Sala de Apelación que confirmó las decisiones del instructor.
Comparación con el ‘procés’
Para las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, la estrategia de Cerdán recuerda a la empleada por la mayoría de los acusados en el ‘procés’, orientada más a la opinión pública y organismos internacionales que al tribunal. Si bien en el ‘procés’ era más sencillo argumentar persecución política por la celebración de un referéndum ilegal, en el caso de Cerdán se investigan prácticas de corrupción administrativa.
Cabe destacar que uno de los abogados de Cerdán, Benet Salellas, exdiputado de la CUP, también representó al entonces líder de Òmnium Cultural durante el ‘procés’.
“Contenido extrajurídico” en las alegaciones de la defensa
En su informe oponiéndose a la libertad de Cerdán, el fiscal jefe Alejandro Luzón calificó las alegaciones de la defensa como “insostenibles” y de “contenido parcialmente extrajurídico”, con “consideraciones políticas y abiertamente especulativas”. La defensa, ejercida también por Jacobo Teijelo, sostenía la existencia de un plan para encarcelar a Cerdán y negaba las afirmaciones sobre la supuesta colaboración de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, con la Guardia Civil. La defensa cuestiona la autenticidad de los audios, que según Anticorrupción, se remontan a 2019, mientras que el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, también imputado, no facilitó teléfonos al comisionista Víctor de Aldama hasta 2021.
El juez Leopoldo Puente coincide con Anticorrupción al afirmar en su auto que la prisión de Cerdán no se extenderá más allá de 2026, y que “los archivos de audio, que constituyen ciertamente el más intenso de los indicios incriminatorios frente al señor Cerdán, fueron hallados en el registro domiciliario que se practicó por orden del Juzgado Central de Instrucción número 2”. Esto refuta la versión de la defensa sobre la supuesta entrega voluntaria de las grabaciones.
La defensa de Cerdán se mantiene firme
La defensa de Cerdán mantiene sus acusaciones sobre la manipulación de los audios y la presunta orden del juez Puente a la UCO para investigar a aforados sin el correspondiente suplicatorio, extremo que el magistrado ha justificado. Fuentes de la defensa argumentan que deben “actuar como si hubiese justicia”, para no ser “cómplices de un estado de cosas anómalo”, y no prevén modificar su estrategia a pesar de su aparente falta de éxito en el Supremo y el Constitucional, donde presentaron un recurso de amparo en julio.
Una estrategia similar, la de acusar a los agentes de la Guardia Civil, fue seguida por el exministro José Luis Ábalos, quien denunció la interceptación de un sobre dirigido a él siendo diputado y, por tanto, aforado ante el Tribunal Supremo. Tanto los juzgados ordinarios de Madrid como el juez Leopoldo Puente rechazaron las acusaciones de irregularidad.
La “estrategia de la ruptura”
El abogado Antonio Alberca explica que esta estrategia, denominada por el jurista francés Jacques Vergès como “estrategia de la ruptura”, busca negar la autoridad del sistema judicial y obtener réditos políticos. Según el jurista José Vicente Rubio Eire, Vergès la utilizó en la defensa de argelinos insurgentes contra Francia, consiguiendo, con el apoyo de la opinión pública internacional, la conmutación de condenas a muerte por condenas perpetuas, posteriormente amnistiadas.
Un ejemplo anterior de esta estrategia, según el artículo, fue la acusación del PP al juez Baltasar Garzón y al entonces ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, por una coincidencia en una cacería antes de las detenciones del caso Gürtel, lo que llevó a la dimisión de Fernández Bermejo.
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