El juez Sebastián Casanello denunció penalmente al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, Daniel Díaz, por obstruir un operativo judicial realizado el 29 de agosto en el marco del caso de “los audios de las coimas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La denuncia, que se presentó en el juzgado federal N° 10, incluye cargos de “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”. Este hecho se suma a otros actos que han entorpecido la labor judicial relacionados con la familia Kovalivker. La denuncia de Casanello se produce en un contexto donde se llevan a cabo nuevos procedimientos que generan preocupación en el presidente Javier Milei.

El juez Casanello y el fiscal Franco Picardi están a cargo de la causa que investiga un esquema de cobro de coimas en la ANDIS, el cual se inició tras la difusión de audios del exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo. En estos audios, Spagnuolo describe el funcionamiento de un sistema de corrupción que implicaba a la hermana del presidente, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. Según Spagnuolo, la droguería Suizo Argentina, perteneciente a la familia Kovalivker, era el vehículo para esta operatoria.

En el marco de la investigación, se están analizando las acciones de Spagnuolo, el exdirector de la dirección “Incluir Salud” de la ANDIS, Daniel Garbellin, y los tres propietarios de Suizo Argentina: Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel. Desde el inicio de la causa, la Justicia ha llevado a cabo allanamientos en los domicilios de los acusados, así como en las sedes de la ANDIS y en la firma Suizo Argentina.

Uno de los operativos en la empresa de los Kovalivker se realizó el 29 de agosto. Durante este operativo, Díaz obstruyó la labor judicial al negarse a habilitar el acceso a los correos corporativos, a pesar de que no estaba imputado en el expediente y, por lo tanto, no tenía autoridad para bloquear la medida ordenada por la Justicia. Fuentes del caso indican que su negativa se debió a presiones de la empresa y sus abogados, lo que podría ampliar la investigación hacia los presuntos instigadores. Esta negativa impidió que la Justicia accediera a los correos electrónicos corporativos, lo que llevó a Casanello a presentar la denuncia por encubrimiento, argumentando que Díaz ayudó a ocultar pruebas.

Casanello ya había procesado al jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, por obstruir el accionar de la Justicia el 22 de agosto durante un procedimiento en el barrio privado “La Isla”, donde residen los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Debido a la actitud de De Vincentis, la Justicia no logró interceptar a Jonathan Kovalivker, quien logró abandonar el barrio cerrado antes de la llegada de los agentes de la policía de la Ciudad. En el lugar, los uniformados encontraron que se habían llevado dólares de una caja fuerte de manera apresurada, dejando banditas elásticas tiradas. Emmanuel Kovalivker fue encontrado en el operativo con 266 mil dólares distribuidos en diferentes sobres.

Según la Justicia, el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, colaboró en el accionar evasivo de Jonathan Kovalivker. Por esta razón, De Vincentis fue indagado y procesado por Casanello por desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. Se considera que dio instrucciones a los guardias del complejo para que no colaboraran con la policía. Esto sugiere que De Vincentis pudo haber avisado a Kovalivker, quien dejó su caja de seguridad desordenada y salió en el momento justo con su auto.

Tres días después, Jonathan Kovalivker se presentó en tribunales y entregó su celular, aunque lo hizo apagado y sin la clave de acceso. Según el medio Página12, el celular había sido reseteado a modo de fábrica. A partir de la denuncia de Casanello, se puede inferir que la actuación de Díaz tenía un objetivo similar: dificultar la investigación relacionada con los Kovalivker y su droguería.