El Ministerio de Trabajo ha puesto en consulta pública un real decreto que busca endurecer el control horario en las empresas, con el objetivo de abordar de manera más efectiva los excesos de jornada y las horas extras no registradas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, intenta así superar el revés parlamentario de este miércoles, cuando el Congreso rechazó la propuesta de reducción de jornada laboral, considerada una de sus medidas más emblemáticas.
Medidas propuestas
El nuevo decreto contempla la posibilidad de que todas o algunas empresas dejen de utilizar el registro de jornada en papel y pasen a sistemas digitales. Estos registros digitales deberán estar disponibles en todo momento para que los inspectores puedan acceder a ellos de forma remota. Además, las empresas deberán especificar en sus registros si las horas trabajadas son ordinarias o extraordinarias, así como registrar todas las interrupciones durante la jornada laboral, como pausas para comer.
Yolanda Díaz ya había advertido a Junts durante las negociaciones que podría aprobar un nuevo registro horario mediante decreto, sin necesidad de votación. Esta medida ha sido sometida a consulta pública, que finalizará el próximo 25 de septiembre. Posteriormente, el Gobierno podrá elevarla al Consejo de Estado y ponerla en marcha en octubre.
Rango reglamentario del registro
El nuevo registro tendrá rango reglamentario, lo que significa que no requerirá votación en el Congreso, permitiendo así evitar el rechazo de Junts, que ya había bloqueado el anteproyecto de reducción de jornada que incluía cambios en el control horario.
A pesar de esto, la nueva normativa que Díaz ha activado tiene limitaciones y no permitirá modificar el régimen sancionador como se había planeado en el proyecto de ley de reducción de jornada. Por ejemplo, no se podrán aumentar las sanciones a las empresas en caso de incumplimiento. Para realizar cambios de esta magnitud, se requeriría pasar por el Congreso.
El nuevo registro horario
El proyecto de ley que proponía reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales incluía varios elementos, siendo el control horario uno de los que más inquietud genera entre las empresas. La ministra de Trabajo había señalado que se realizarían cambios, con o sin el apoyo de Junts, en una ley vigente desde 2019 que obliga a las empresas a llevar un registro de las horas trabajadas por sus empleados.
Una de las principales novedades que se prevé con el decreto es la eliminación del registro en papel, que es común en pequeñas y medianas empresas y en sectores como la construcción. Este tipo de registros son fácilmente manipulables, lo que ha sido denunciado por los sindicatos durante los últimos años.
La intención es obligar a todas las empresas a adoptar sistemas digitales, lo que permitiría a la autoridad laboral acceder a ellos de forma remota y supervisar más eficazmente el cumplimiento de la normativa sobre jornadas laborales. Según datos de la consultora Wolters Kluwer, tres de cada cuatro empresas aún no han digitalizado completamente su registro de jornada.
Sin embargo, el documento que ha sido puesto a consulta pública no aclara si la digitalización será obligatoria para todas las empresas. Se menciona que podría establecerse la posibilidad de requerir que el registro sea electrónico, con mecanismos de verificación de identidad.
Limitaciones y reacciones
La capacidad del Gobierno para modificar la normativa sin pasar por el Congreso es limitada, y las organizaciones empresariales están preparadas para presentar demandas al respecto. Esto podría judicializar el proceso, generando incertidumbre. Algunos aspectos de la norma, como el aumento del importe de las sanciones, no podrán ser cambiados por el Ejecutivo como se pretendía inicialmente.
En resumen, el endurecimiento del control horario por parte del Ministerio de Trabajo busca abordar de manera más efectiva los problemas relacionados con las jornadas laborales, en un contexto donde la reducción de jornada laboral ha sido rechazada en el Congreso. La implementación de un sistema digital de registro podría facilitar el control, aunque aún quedan muchas preguntas sobre su obligatoriedad y las implicaciones legales de estas medidas.
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