Después del revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno ha impulsado una mesa política federal. De un lado, se sienta el presidente Javier Milei y del otro, los gobernadores. En el medio se encuentran las transferencias de dinero a las provincias. El oficialismo sostiene que ha comenzado a recomponer estas transferencias, pero los mandatarios provinciales indican que aún son insuficientes.
Según datos proporcionados por el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, las transferencias no automáticas del Gobierno a las provincias cayeron un 76% en términos reales durante 2024 en comparación con 2023. Las provincias más afectadas fueron La Rioja, La Pampa y Formosa, gobernadas por los peronistas Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán, respectivamente. Además, Santa Fe y Córdoba también registraron caídas significativas.
En 2025, estas transferencias han mostrado un repunte del 125,7% en términos reales, al comparar el acumulado entre enero y agosto con el mismo período del año anterior. Las provincias que han experimentado un aumento más notable incluyen La Rioja, San Juan y Catamarca. Sin embargo, algunas jurisdicciones, como Misiones, La Pampa, Jujuy, Corrientes, Santiago del Estero, Mendoza y Buenos Aires, continúan en negativo, lo que incluye a algunos gobernadores del bloque Provincias Unidas.
Las transferencias no automáticas del Gobierno representan una caja millonaria, sumando $1,4 billones el año pasado y $1,6 billones en los primeros ocho meses de este ejercicio. Estos fondos son utilizados para financiar obras públicas, así como gastos en educación y salud. Dentro de este tipo de giros se incluyen los Aportes del Tesoro Nacional, también conocidos como ATN.
Fuentes del Ministerio de Economía explicaron que en 2024 se cortaron las transferencias no automáticas a las provincias, pero desde julio del año pasado comenzaron a reactivarse. Un primer impulso fue el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires, y se ha normalizado su variación desde entonces.
Sin embargo, la interpretación del ministerio dirigido por Luis Caputo no coincide necesariamente con la de los gobernadores. Los mandatarios provinciales se dividen en tres grupos: la oposición dura, representada por el bonaerense Axel Kicillof; aquellos que se mostraron esta semana en la Casa Rosada, como el mendocino Alfredo Cornejo; y los que se encuentran en un sector intermedio, como los del bloque Provincias Unidas, que incluye a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chubut, Santa Cruz y Jujuy.
Este contexto revela la intersección entre política y economía en el debate sobre el dinero público en medio del calendario electoral. Fuentes de la administración de Kicillof calificaron el recorte de transferencias como “brutal e ilegal”. Por otro lado, el ministro mendocino Víctor Fayad consideró que la reducción tuvo un “efecto mucho menor” en su provincia. La postura intermedia de los gobernadores se resume en la palabra “insuficientes”.
Un documento interno de una de las jurisdicciones del bloque Provincias Unidas indica que la mayoría recibió más transferencias entre enero y julio de este año en comparación con 2024. Sin embargo, al contrastar con el mismo período de 2023, los números vuelven a ser negativos. Por ejemplo, Córdoba muestra una caída real del 74,1%, Buenos Aires del 79,5%, y Corrientes del 80,5%.
Estas cifras concuerdan con lo que expresaron fuentes del Ministerio de Economía de San Juan, que reconocieron un leve repunte en 2025 en comparación con 2024, pero lejos de recuperar los valores de 2023. Fuentes cercanas al gobernador cordobés Martín Llaryora afirmaron que “el superávit real se logra con la plata de las provincias”.
En otras jurisdicciones, se ha hablado del impacto de las fluctuaciones en los giros discrecionales, que abarcan programas de obra pública, así como otros de salud y educación. En Entre Ríos, indicaron que sufrieron un impacto significativo en estos sectores. En Chubut, las fuentes del Ministerio de Economía mencionaron una consecuencia más grande en el área de educación.
Los números relevados por Argañaraz indican una caída real de las transferencias del Gobierno a las provincias para el “desarrollo de la infraestructura hidráulica” del 21,8% entre enero y agosto de 2025 en comparación con 2023. También se observan recortes en partidas destinadas a “apoyo para el desarrollo de obra pública” (-60,9%) y “construcciones de obras viales fuera de la red vial nacional” (-55,7%).
Desde la administración de Kicillof se advirtió que estos recortes implican menos recursos para hacer frente a las inversiones necesarias. No obstante, desde el ministerio de Economía de otra jurisdicción se criticó a algunos colegas por tener “procesos laxos para declarar emergencias”.
Este comentario se refiere directamente al reparto de los ATN, que, según describieron desde Casa Rosada, se distribuyeron en función de diversas emergencias. Un caso notable fue el envío de $10.000 millones a la provincia de Buenos Aires tras la inundación en Bahía Blanca.
El Gobierno también ha presentado datos que muestran una mejora en este aspecto. Según cifras oficiales, se distribuyeron $107.500 millones en ATN entre enero y agosto de este año, en comparación con $26.300 millones en el mismo período de 2024.
La discusión sobre estos números ha tomado relevancia en el contexto de la mesa política. Existen incertidumbres sobre si el Poder Ejecutivo aumentará las partidas para las provincias, si el Presupuesto 2026 incluirá beneficios para ellas, y si algunos gobernadores apoyarán al oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El resultado de estas elecciones influirá en la nueva conformación del Congreso, que tendrá que decidir sobre las reformas más importantes del programa económico de Milei.
Fuente original: ver aquí
