El caso Koldo y la acusación contra Santos Cerdán están generando tensiones en el ámbito político del Gobierno. Sumar, que desde el inicio ha instado a los socialistas a implementar medidas de regeneración, ha cambiado su enfoque y ahora cuestiona la instrucción judicial, sugiriendo que se trata de una “investigación prospectiva” a cargo del juez Leopoldo Puente. Esta postura coincide con la defensa del exdiputado navarro, quien se encuentra en prisión provisional desde finales de junio.
La defensa de Santos Cerdán, liderada por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, busca poner en entredicho la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuestionando el papel de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, el cual da nombre al caso.
Acusaciones y pruebas
Las acusaciones que afectan a Cerdán se basan principalmente en audios de conversaciones interceptadas en los dispositivos de Koldo. Los abogados de Cerdán consideran que Koldo actuó como un “agente provocador” y que su actuación se llevó a cabo “bajo dirección policial”, ya que los dispositivos móviles que poseía le fueron proporcionados por un guardia civil también imputado, el comandante Rubén Villalba. Si se confirma esta versión, los abogados solicitarán la nulidad de las actuaciones.
A pesar de estas alegaciones, el juez instructor, Leopoldo Puente, no ha dado crédito a esta teoría por el momento, aunque autorizó el acceso a los audios en los que la Guardia Civil fundamentó su informe contra Cerdán para un nuevo análisis, que aún está pendiente.
Postura de Sumar
La defensa de Cerdán, que busca invalidar los audios que lo incriminan, ha sido adoptada en parte por Sumar, que ha solicitado personarse junto a los Comunes como acusación popular en el proceso. Sumar también cuestiona la figura de Koldo, quien es el origen de las grabaciones incluidas en la causa. Mientras Cerdán expresa su desconfianza hacia la investigación en sus escritos judiciales, Sumar ha trasladado estas dudas al ámbito político y parlamentario.
En un conjunto de preguntas al Gobierno registradas el 22 de julio, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello mencionó que Koldo había sido condecorado por la Guardia Civil durante el mandato del ministro del Interior, José Ignacio Zoido, sugiriendo una posible influencia del Gobierno conservador. Pisarello también destacó que se le incautaron 23 dispositivos móviles, lo que considera “extraño para un mero asesor político”. Además, señaló que los “vínculos personales, simbólicos y orgánicos entre el principal corruptor y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” generan un “problema de confianza institucional y de legitimidad democrática”.
Asimismo, Sumar cuestionó si hubo “algún tipo de intervención, obstaculización o filtración de información” por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pudiera haber beneficiado a Koldo García o dificultado el avance de las investigaciones.
Persecución política y revisión de comunicaciones
Uno de los argumentos centrales de Cerdán para solicitar su liberación es que está siendo objeto de una persecución por motivos políticos, además de tratar de deslegitimar las pruebas en su contra. Este argumento ha sido respaldado por algunos sectores del independentismo y, en menor medida, por ciertos miembros del PSOE que han enfrentado investigaciones similares.
Según la última solicitud de libertad de Cerdán, él se convirtió en un objetivo debido a su papel en la negociación de apoyos para el Gobierno progresista. Cerdán señala que el juez Ismael Moreno, encargado del caso Koldo en la Audiencia Nacional, autorizó la revisión de todas las comunicaciones intervenidas el 4 de febrero, coincidiendo con un momento crítico en el apoyo parlamentario al Gobierno.
El juez Moreno justificó su decisión basándose en la declaración del comisionista Víctor de Aldama, quien vinculó a Cerdán y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con la presunta trama de corrupción, aunque la implicación del canario no ha sido confirmada.
Los abogados Salellas y Teijelo argumentan que esta revisión de comunicaciones es una intromisión en la inviolabilidad e inmunidad de los diputados y han solicitado al Supremo que informe al Congreso sobre esta situación, dado que afecta a diputados aforados. Consideran que se trata de “una acción de pesquisa general contra miembros de partidos políticos de modo indiscriminado”.
La autorización de la Audiencia Nacional para revisar las comunicaciones también ha sido objeto de críticas por parte de Sumar, que ha solicitado a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que reclame al Tribunal Supremo que especifique a qué diputados afecta esta investigación. Entre los diputados mencionados se encuentran Santos Cerdán, quien dejó su acta en junio, y Ángel Víctor Torres, así como otros aforados, según el auto de instrucción que ordenó el acceso a las comunicaciones.
El diputado Pisarello argumenta que Torres y otros diputados afectados “no figuran hoy en día como investigados en dicha causa”, lo que podría implicar una investigación encubierta o prospectiva sobre parlamentarios aforados sin el requerimiento de un suplicatorio, lo que constituiría una “vulneración” del artículo 71 de la Constitución española.
Desde Sumar, se ha confirmado que el escrito fue presentado en nombre de todo el grupo parlamentario, no solo de los Comunes. Fuentes de Sumar han expresado su creciente inquietud respecto a la investigación sobre Koldo García y el papel del asesor, señalando que “huele mal” y que hay “incógnitas” abiertas que generan malestar en el partido, en un contexto donde otras investigaciones judiciales también afectan al Gobierno.
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