La defensa del exsecretario de organización socialista Santos Cerdán ha presentado un escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo solicitando su puesta en libertad inmediata. El argumento principal es que la causa por presunta corrupción, conocida como caso Koldo, se dirigió contra él para “influir en la acción del Gobierno”, lo que, según su defensa, constituye “un uso perverso del Derecho”.
Para respaldar su versión, la defensa busca desacreditar la investigación liderada por el teniente coronel Antonio Balas, quien está al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Cerdán solicita la declaración de Balas, argumentando que ha realizado “trasvases injustificados de información” entre diferentes causas.
Los abogados de Cerdán, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, han señalado que el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, autorizó la revisión de todas las comunicaciones intervenidas en la causa. Esta decisión se vincula a un evento en el que el PP y VOX votaron juntos contra la convalidación de un decreto, lo que generó una crisis en el apoyo parlamentario al Gobierno.
Además, el juez Moreno justificó la revisión de audios intervenidos a Koldo García, quien ha vinculado a Cerdán y al ministro Ángel Víctor Torres con la trama de corrupción investigada. Sin embargo, la implicación de Torres no ha sido confirmada.
La defensa argumenta que la revisión de las comunicaciones violó el derecho a la inviolabilidad de los miembros del poder legislativo y critica el uso de litigios penales para influir en la acción del Gobierno.
Cuestionar las pesquisas
La defensa sostiene que se encuentra en desventaja respecto a la Fiscalía y las acusaciones, ya que no tienen acceso a todas las pruebas, debido a que su caso se tramita en el Supremo. Cerdán renunció a su escaño, pero su exasesor Koldo García sigue bajo investigación.
El escrito de solicitud de libertad, de 23 páginas, argumenta que las pruebas en las que se basa la acusación no tienen cobertura constitucional. Las grabaciones que se mencionan fueron negadas por el imputado, quien asegura que no fueron obtenidas de forma legal.
Para que el magistrado Leopoldo Puente, que lleva la causa en el Supremo, considere la solicitud de la defensa, se ha presentado otro escrito de 41 páginas en el que se pide la declaración de Balas y del comandante Rubén Villalba, quien también está imputado.
La defensa busca esclarecer la procedencia de las pruebas utilizadas en la causa, argumentando que hubo trasvases de información injustificados entre diferentes procedimientos. Además, consideran que la declaración del comisionista Víctor de Aldama, que vinculó a Cerdán con la trama, fue falsa y se realizó bajo presión.
La defensa de Cerdán sostiene que las acusaciones en su contra derivan de una denuncia del PP sobre la compra de mascarillas y que el juez Puente no debería dudar de la manipulación de las grabaciones que se han presentado como evidencia.
Mentiras de Aldama
Cerdán también ha solicitado información sobre las visitas que recibió Aldama en prisión, argumentando que su declaración fue pactada y falsa. La defensa sostiene que Aldama mintió para obtener su libertad, y que sus ingresos provienen de actividades ilícitas distintas a las que se investigan.
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