El juez federal Alejandro Maraniello ha sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura por la Coalición Cívica tras revelarse que podría tener vínculos con el laboratorio HBL Pharma. Además, se le acusa de mal desempeño y de favorecer a la secretaria general de la Presidencia con un fallo de censura.
La denuncia fue presentada por Elisa Carrió, Marcela Campagnoli y Hernán Reyes, quienes sostienen que Maraniello violó su deber de imparcialidad y abusó de su autoridad en detrimento de subalternos, lo que ha menoscabado la confianza pública en la Justicia.
La controversia se centra en la decisión del juez en la causa “Karina Milei s/medidas cautelares”, donde prohibió la difusión de audios, chats y videos relacionados con la secretaria general de la Presidencia. Los denunciantes consideran que esta acción constituye una “censura previa” y un “avasallamiento del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.
La denuncia también resalta los presuntos vínculos de Maraniello con HBL Pharma, cuyo propietario, Ariel García Furfaro, está detenido por el caso de muertes relacionadas con fentanilo adulterado. Se alega que la empresa financió viajes del juez a Estados Unidos a través de una asociación que él fundó y preside, la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, la cual, según los denunciantes, tiene auspiciantes incompatibles con el ejercicio de la magistratura.
Los legisladores afirman que esta asociación podría ser parte de una red de tráfico de influencias en el Poder Judicial, que incluye a camaristas y consejeros del Consejo de la Magistratura. Entre los nombres mencionados se encuentran Alberto Lugones, Alfredo Silverio Gusman y Eduardo Gottardi, quienes son responsables de revisar las resoluciones de Maraniello.
Además, se han presentado denuncias internas por abuso moral, sexual y violencia de género por parte de empleados del juzgado, lo que ha llevado a establecer una consigna policial en su tribunal para proteger al personal. También se mencionan irregularidades en la entrega de cartas de ciudadanía y un supuesto acuerdo con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, para encubrir procesos disciplinarios en su contra.
Aunque la denuncia está actualmente en manos del Consejo de la Magistratura, desde la Coalición Cívica no descartan extender las acciones al Congreso.
Fuente original: ver aquí
