Una significativa victoria judicial se concretó este viernes para la comunidad migrante en Estados Unidos, particularmente para venezolanos y haitianos, tras la decisión del juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito de San Francisco (California), de restituir el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para casi 600 mil venezolanos y más de medio millón de haitianos. La medida, que se extenderá al menos hasta octubre de 2026, revierte una controvertida cancelación y beneficia a más de un millón de migrantes que habían sido sumidos en la incertidumbre.
Un juez federal restituye el TPS para migrantes de Venezuela y Haití
El fallo del magistrado Chen anuló la orden emitida a fines de enero por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien había cancelado la protección migratoria. La argumentación de Noem se basaba en la supuesta mejora de las condiciones en Venezuela y en la afirmación de que la Administración Biden se había precipitado al otorgar una extensión del TPS.
Adicionalmente, la secretaria había intentado vincular a la comunidad migrante con las acciones de la banda criminal Tren de Aragua, lo que fue percibido como una criminalización generalizada.
En su sentencia, el juez Chen refutó categóricamente la postura de Noem, señalando que su decisión de revocar el TPS “no solamente fue sin precedentes en cuanto a la forma en que se hizo y la velocidad a la que se quiso implementar, sino que viola la ley”. El magistrado enfatizó la trayectoria del programa, afirmando que “por 35 años el estatuto de TPS ha sido aplicado fielmente por administraciones presidenciales de ambos partidos […] con la consulta y participación del Departamento de Estado y de otras agencias, en procesos que implican análisis y revisiones cuidadosas”.
Una acción del gobierno de Trump “arbitraria y caprichosa”
La “velocidad” a la que se refirió el juez Chen aludía a la intención del Departamento de Seguridad Nacional de conceder un período de apenas 60 días a los beneficiarios del TPS para tramitar un cambio de estatus migratorio, un plazo considerado irrisorio y poco práctico. El dictamen judicial, que responde a una demanda interpuesta en marzo por la Alianza Nacional de TPS y otros siete querellantes, sostiene que “los demandantes han demostrado que posponer el vacatur, a nivel nacional, es el único remedio”.
La necesidad de mantener el TPS para venezolanos y haitianos se ha visto reforzada en las últimas semanas por la evolución de las condiciones en sus países de origen. Las tensiones entre Washington y el régimen venezolano se han intensificado notablemente, con la presencia de buques de guerra estadounidenses en aguas del Caribe, justificada por la necesidad de “frenar el narcotráfico que proviene del país sudamericano”.
En el caso de Haití, la situación humanitaria y de seguridad ha alcanzado niveles críticos. La lucha encarnizada entre pandillas ha sumido al país en un estado de ingobernabilidad total y caos social, haciendo inviable el retorno seguro de sus ciudadanos.
El dictamen emitido este viernes pone fin a un período de profunda incertidumbre para cientos de miles de inmigrantes que, a raíz de la revocación del programa en el último semestre, se vieron afectados por despidos laborales y, en algunos casos, arrestos.
Regreso del TPS: la comunidad venezolana en EE.UU. celebra
La noticia fue recibida con júbilo por las comunidades afectadas. Adelys Ferro, directora del Venezuela American Caucus, expresó su satisfacción en redes sociales, declarando: “Ganamos la batalla, todos los tepesianos [el alusión al TPS] están protegidos”. Ferro enfatizó que la sentencia del juez Chen abarca tanto a los beneficiarios del TPS de 2023 como a aquellos que lo obtuvieron en 2021.
De cara al futuro, el juez Chen especificó en su sentencia que, dada la alta probabilidad de una apelación por parte del gobierno ante el tribunal federal de apelaciones del Noveno Distrito y, eventualmente, ante la Corte Suprema, la anulación del vacatur debe entrar en vigor de manera inmediata este mismo viernes.
El TPS, un programa establecido en 1990, ha sido una herramienta fundamental para brindar protección a extranjeros de 16 países, respondiendo a situaciones de emergencia como conflictos armados, regímenes autoritarios y desastres naturales. Desde el regreso de la administración republicana al poder, los intentos por eliminar este programa han sido constantes.
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