El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha determinado que no existen indicios que responsabilicen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la filtración de datos sobre la vida privada del exministro José Luis Ábalos, así como de fotografías obtenidas durante los registros en su domicilio. En cambio, el magistrado señala que los imputados en el caso Koldo han sido quienes han proporcionado información, incluyendo mensajes intercambiados con el presidente del Gobierno, y han concedido entrevistas a medios de comunicación.
En una providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado responde a la solicitud de Ábalos para identificar a los agentes que lo investigan y que están trabajando en un informe sobre su patrimonio, sugiriendo que se eliminen los datos irrelevantes para la causa.
El instructor del caso Koldo considera que, aunque se realizará una revisión de la documentación, es necesario primero analizar el contenido de la vasta información digital recopilada antes de descartar lo que no esté relacionado con el caso.
En un tono irónico, el juez indica que la solicitud de Ábalos parece otorgar credibilidad a las noticias y documentos que él mismo denuncia, sugiriendo que se basan en evidencias digitales obtenidas en el registro domiciliario.
Para justificar su decisión de no considerar indicios de filtración por parte de la UCO, el magistrado menciona que varios investigados han concedido entrevistas a medios y han reconocido que algunas de las informaciones publicadas fueron con su consentimiento.
Además, el juez destaca que hay evidencia de posibles grabaciones del material intervenido, y menciona que Ábalos intentó ocultar un disco duro durante el registro, lo que plantea dudas sobre cuántas copias de los documentos pudieran existir y quién las posee.
El juez también recuerda que otro imputado, el asesor Koldo García, tenía información privada de Ábalos y le sugiere que, si lo considera necesario, puede denunciar la supuesta filtración ante los juzgados correspondientes y querellarse contra el medio que publique dicha información.
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