La situación del mercado laboral en Argentina se ha agravado a lo largo de los años, sin que los gobiernos hayan encontrado una solución efectiva. Las leyes laborales, que supuestamente buscan proteger a los empleados, a menudo terminan perjudicando a las empresas, contribuyendo a un ciclo de estancamiento. Esto se ve agravado por las decisiones de los tribunales laborales, que en muchos casos dictan indemnizaciones desproporcionadas por despidos o accidentes de trabajo.
Desde hace más de una década, el empleo privado registrado se mantiene estancado en aproximadamente 6,2 millones de trabajadores. Un informe reciente de la Fundación Mediterránea describe este fenómeno como un “techo de cristal”, señalando que se debe a factores estructurales que impiden la expansión del trabajo formal.
La legislación actual, que regula los convenios colectivos de trabajo, se basa en normas que no se ajustan a la realidad social y tecnológica actual, y no considera las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Esto obliga a las pymes a pagar salarios similares a los de grandes corporaciones, lo que impacta negativamente en su viabilidad financiera.
Los datos reflejan una tendencia preocupante: desde 2012, el empleo asalariado privado ha crecido solo un 3%, mientras que la informalidad ha aumentado un 29% y el trabajo independiente un 47%. Actualmente, más del 50% de los empleados se encuentran en la informalidad, lo que implica que muchos trabajos son de baja productividad.
Además, los métodos de actualización de las indemnizaciones laborales aplicados por los tribunales ponen en riesgo la continuidad de muchos empleos, debido a la falta de una norma clara sobre cómo deben ajustarse los créditos reconocidos en juicio.
La prohibición de ajustar indemnizaciones por inflación, establecida por la ley de convertibilidad, ha llevado a que los tribunales utilizaran la tasa activa del Banco Nación para actualizar montos. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha sumado un método que incrementa exponencialmente las deudas de las empresas, poniendo a las pymes al borde de la desaparición.
En febrero de 2024, la Corte Suprema de Justicia rechazó un mecanismo de ajuste por inflación, lo que llevó a la Cámara a implementar criterios de ajuste que continúan siendo confiscatorios. Esta situación ha generado un gran número de expedientes acumulados en los tribunales.
La única salida viable es la sanción de una ley que establezca un régimen claro de actualización de créditos laborales. Un proyecto aprobado por las comisiones de la Cámara de Diputados propone que la actualización se realice mediante el IPC más un 3% de interés anual, buscando proteger tanto a trabajadores como a empleadores afectados por la prolongación de los procesos judiciales y la alta inflación.
En conclusión, es fundamental que el Congreso Nacional elimine los obstáculos que la normativa actual impone para la incorporación de nuevos trabajadores, promoviendo convenios colectivos actualizados que reflejen la realidad de las pequeñas empresas y estableciendo una modalidad de actualización clara en los juicios laborales. Esto no solo beneficiaría a las empresas en riesgo, sino también a los trabajadores que merecen una indemnización justa.
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