En un intento por establecer límites al gobierno de Javier Milei, el Senado aprobó un proyecto que modifica el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Esta iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, obliga al Poder Ejecutivo a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para mantener la validez de las medidas adoptadas mediante este tipo de instrumento.
La propuesta fue respaldada por 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo de casi todo el arco opositor, incluida la bancada del kirchnerismo, que durante los últimos 20 años se opuso a modificar la legislación vigente que permitía la validez de los decretos hasta que fueran rechazados por ambas cámaras del Congreso.
El oficialismo y la senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba) fueron los únicos en votar en contra, mientras que los representantes de Misiones se abstuvieron. La modificación afecta la ley 26.122, sancionada en 2006 bajo el gobierno de Cristina Kirchner, que estableció un mecanismo controvertido que permitía la aprobación tácita de los decretos si el Congreso no se pronunciaba en su contra.
Además, la norma anterior requería el rechazo de ambas cámaras para derogar un DNU, mientras que ahora basta con la aprobación de una de ellas para mantener un decreto emitido por el Poder Ejecutivo. La nueva legislación podría revertir la situación actual, ya que establece un plazo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen los decretos. Si no se obtiene el respaldo en ese tiempo, los DNU quedarán automáticamente derogados.
La iniciativa también prohíbe al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como el DNU 70/23, y habilita al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratar un DNU, incluso si no hay sesiones extraordinarias. Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo no podrá emitir un decreto sobre la misma materia que haya sido rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo.
Los oradores durante el debate expresaron que la modificación no está dirigida al actual Gobierno, aunque se escucharon críticas sobre el uso excesivo de los DNU por parte de la administración de Milei. La senadora kirchnerista Florencia López afirmó que “el Gobierno tomó la excepción como regla”, mientras que el radical Pablo Blanco destacó la intención de poner fin al abuso de estos decretos.
La senadora Álvarez Rivero criticó el proyecto, argumentando que forma parte de un “plan de desestabilización” hacia el Gobierno de Milei. Por su parte, el senador Martín Lousteau respondió a estas críticas, cuestionando la defensa de una ley del kirchnerismo en nombre de la República. El contenido del proyecto plantea un escenario complicado para el Gobierno, que actualmente es minoría en el Congreso y deberá negociar en Diputados para evitar la sanción definitiva de la iniciativa.
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