Los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz, han confirmado su intención de presentar un amparo ante la Justicia Federal. Ambos mandatarios denuncian irregularidades en la auditoría que llevó a la reducción de cientos de pensiones por discapacidad. En La Rioja también se están evaluando acciones legales contra esta política.
En medio de un escándalo por audios relacionados con el cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), los gobernadores desafían al presidente Javier Milei y buscan judicializar la suspensión de las pensiones por invalidez, medida impulsada por el Gobierno nacional tras una auditoría del organismo.
Passalacqua ha instruido al fiscal de Estado para promover una acción de amparo solicitando el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones no contributivas por invalidez, que fueron suspendidas desde marzo de 2025. Además, la presentación judicial exige el pago de retroactivos adeudados y la nulidad de las revisiones realizadas por Andis.
El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, ya había señalado irregularidades en la auditoría nacional, mencionando que se han detectado casos en los que las intimaciones para presentarse no llegan a los domicilios correctos, afectando a personas que no pueden movilizarse para ser auditadas.
Misiones es una de las provincias con mayor cantidad de pensiones por discapacidad, con un 6,4% de su población beneficiaria. Chaco, Santiago del Estero y Formosa también lideran este ranking. Sáenz, por su parte, ha anunciado que Salta presentará un amparo para restituir los beneficios suspendidos de manera ilegal, pidiendo auditorías serias y transparentes.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha ofrecido el apoyo legal de la provincia a las familias afectadas, denunciando que el Gobierno nacional está dando de baja pensiones sin respaldo legal, lo que deja a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema.
Antecedentes
La decisión de los gobernadores de avanzar judicialmente cuenta con un precedente favorable. El 20 de agosto, un Juzgado Federal hizo lugar a un reclamo presentado por la Defensoría del Pueblo de Formosa, ordenando la restitución de las pensiones por invalidez en la provincia y la liberación de los fondos retenidos. Sin embargo, casi dos semanas después, el beneficio aún no ha sido restablecido, lo que ha llevado a la Defensoría a denunciar a Andis por incumplimiento de la resolución judicial.
Fuente original: ver aquí
