WASHINGTON.- El gobierno de Donald Trump declaró el miércoles el inicio de una nueva y potencialmente violenta campaña contra los cárteles venezolanos, defendiendo un letal ataque militar estadounidense contra un barco que, según funcionarios, transportaba drogas, a pesar de que especialistas en derecho de la guerra cuestionaron la legalidad del ataque.
La Armada de Estados Unidos interceptó y abordó durante mucho tiempo buques sospechosos de contrabando de drogas en aguas internacionales, generalmente con un oficial de la Guardia Costera a cargo temporalmente de invocar la autoridad policial. El ataque directo del martes en el Caribe representó un cambio radical respecto a ese enfoque aplicado durante décadas.
La Casa Blanca afirmó que había 11 personas a bordo del buque. No quedó claro si se les dio la oportunidad de rendirse antes del ataque estadounidense. La administración Trump no ofreció ninguna justificación legal. Sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que los funcionarios “sabían exactamente quiénes estaban en ese barco” y “exactamente qué estaban haciendo”, aunque no presentó pruebas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en una conferencia de prensa en la Ciudad de México que la incautación de cargamentos de droga en los últimos años no ha disuadido a los cárteles ni a los narcotraficantes. “Lo que los detendrá es que los destruyamos”, afirmó.
Versiones cruzadas y dudas
Algunos funcionarios del Departamento de Defensa expresaron en privado su preocupación por los cambios en la narrativa de la administración, incluyendo el destino del buque. Rubio había dicho que se dirigía a Trinidad, mientras que Trump mencionó Estados Unidos. El miércoles, cambió su versión, afirmando que el barco cargado de drogas se dirigía a Estados Unidos.
Rubio dijo que los cárteles de la droga y los traficantes “representan una amenaza inmediata para Estados Unidos”. Los funcionarios del Pentágono todavía estaban trabajando en qué autoridad legal le dirían al público que se utilizó para respaldar el ataque extraordinario en aguas internacionales.
El martes, Trump dijo en las redes sociales que 11 miembros de la pandilla Tren de Aragua, a quienes llamó “narcoterroristas”, murieron en el ataque. La publicación iba acompañada de un video que muestra una lancha rápida surcando el agua, con una explosión que parece hacerla estallar.
Los demócratas de alto rango del Congreso dijeron que detener la proliferación de drogas era una prioridad máxima, pero no de la forma en que lo estaba haciendo Trump. “La administración no identificó la autoridad bajo la cual se tomó esta medida, lo que plantea dudas sobre su legalidad y constitucionalidad”, declaró el representante Adam Smith.
Cambio significativo
Un exalto funcionario policial federal, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el ataque fue un “cambio significativo” en las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos. “Nunca he visto a los militares estadounidenses decir: ‘Bueno, esto es un cargamento de drogas’ y luego simplemente hacerlo estallar”.
El exfuncionario también dijo que era inusual tener 11 personas tripulando un barco que podría ser manejado por dos o tres, sugiriendo que la embarcación probablemente transportaba migrantes en una operación de tráfico de personas.
El 18 de agosto, el Departamento de Justicia anunció que casi 30 personas, incluidos algunos líderes del Tren de Aragua, habían sido acusadas de diversos delitos, aunque no se mencionaron acusaciones de contrabando de sustancias ilegales desde Venezuela.
La administración Trump ha calificado a varios cárteles de la droga como organizaciones terroristas, incluyendo el Tren de Aragua, lo que ha llevado a la discusión sobre el uso de la fuerza militar contra ellos. Sin embargo, expertos legales han señalado que tales designaciones no autorizan actividades de combate.
En medio de la retórica beligerante, el Pentágono ha estado reuniendo una pequeña armada de buques de guerra en el Caribe. Las autoridades indicaron que la voladura de embarcaciones sospechosas de transportar drogas no es la única forma en que el ejército estadounidense podría perseguir a los cárteles.
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