El Gobierno de Javier Milei enfrentará este jueves un nuevo escenario adverso en el Senado, donde se discutirá un temario que va en contra de los deseos de la Casa Rosada. La sesión promete convertirse en un espacio para las críticas de la oposición, especialmente en relación con las denuncias de presuntos actos de corrupción que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe del Estado.
La sesión no solo contempla la posibilidad de que el Senado apruebe la insistencia en la ley que declara la emergencia en la discapacidad, desairando así el veto de Javier Milei, sino que también servirá como tribuna para que la oposición critique al Gobierno por el escándalo relacionado con los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Se anticipa que los ataques a la administración de Milei comenzarán al inicio de la sesión, programada para las 11. Durante este tiempo, los senadores tendrán la oportunidad de plantear cuestiones de privilegio, lo que generará inevitablemente una andanada de críticas contra el Gobierno y los funcionarios implicados en las sospechas.
Aunque el kirchnerismo no se pronunció en la reunión de presidentes de bloque, no se descarta que la bancada de Unión por la Patria solicite tratar un pedido de interpelación a Karina Milei.
Sin un dictamen de comisión, la iniciativa necesitará el apoyo de dos tercios de los presentes para habilitar su debate. Esta mayoría parece lejana, ya que la oposición no muestra demasiado interés en alinearse con la estrategia electoral del kirchnerismo.
La sesión de este jueves ya había sido acordada hace dos semanas, y en esta ocasión, Victoria Villarruel no estará presente, ya que asumirá la jefatura del Estado debido al viaje de Milei a la costa oeste de Estados Unidos.
Los temas centrales de la sesión incluirán la insistencia en la ley que declara la emergencia en la atención sanitaria a la discapacidad y un proyecto que busca modificar la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La ley en emergencia en discapacidad, vetada por Milei, fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados la semana pasada. Si el Senado hace lo mismo, quedará ratificada y promulgada. La oposición necesitará reunir el apoyo de dos tercios de los presentes para habilitar su debate sin un dictamen de comisión previo.
Se espera que haya suficientes votos para insistir con la ley, lo que representaría la primera norma sancionada por el Congreso que logra superar el veto presidencial desde que Javier Milei comenzó a utilizar esta herramienta constitucional. Además, sería la primera ley insistida por el Congreso desde 2002.
El otro tema a discutir es un proyecto que busca modificar la ley de trámite legislativo para aplicar un criterio más restrictivo al tratamiento parlamentario de los DNU y de facultades delegadas emitidas por el Poder Ejecutivo.
La ley 26.122, sancionada en 2006 por Cristina Kirchner, estableció un mecanismo controvertido conocido como sanción ficta, que permitía la aprobación tácita de los decretos si el Congreso guardaba silencio. El nuevo proyecto busca eliminar esta sanción ficta, estableciendo un plazo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen los decretos, de lo contrario, quedarán derogados automáticamente.
Además, la iniciativa establece que el rechazo de una cámara también puede dejar sin efecto cualquier medida tomada a partir de un DNU o en uso de facultades legislativas delegadas.
Este escenario es desfavorable para el Gobierno, que actualmente es minoría en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, podría alcanzar una mayoría en la Cámara de Diputados a partir de diciembre, dependiendo de los resultados de las elecciones de medio término del 26 de octubre.
Fuentes legislativas indican que esta jugada fue ideada por los gobernadores como una manera de mostrar su poder a Javier Milei, tras la ruptura de relaciones debido a promesas incumplidas y el cierre traumático de listas electorales en varias provincias.
En caso de ser aprobado, el proyecto pasará a Diputados, que actuará como cámara revisora, lo que le dará al Gobierno tiempo para negociar o intentar bloquear su sanción definitiva. La materia no cuenta con un consenso unánime en la oposición, lo que podría facilitar el bloqueo del proyecto.
Fuente original: ver aquí
