El Poder Ejecutivo publicó dos decretos para restituir normas derogadas en organismos estratégicos luego de que el Parlamento tumbara cinco DNU de Javier Milei. La Casa Rosada justificó la decisión en la necesidad de evitar un “vacío normativo”.
El Gobierno convalidó la decisión del Congreso y restableció la normativa previa en Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La medida se implementó a través de los decretos 627 y 628, firmados por el Presidente y su Gabinete, tras el rechazo de la Cámara de Diputados y el Senado a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia a finales de agosto.
En los nuevos textos, el Ejecutivo señaló que “el rechazo por el Congreso implica su derogación, pero no restablece automáticamente las normas derogadas o modificadas por ellos”, lo que podría provocar un “vacío normativo”. Por esa razón, se decidió devolver la vigencia a las disposiciones que habían quedado sin efecto.
Los decretos ahora restituidos estaban relacionados con una amplia reorganización de organismos que el Gobierno había calificado como “ineficientes”. Entre estos, se incluían la reestructuración de Vialidad Nacional, cambios en la integración del INTI e INTA, y la disolución de institutos culturales y científicos.
La Casa Rosada advirtió que la situación generada por el rechazo legislativo había colocado a la Administración Pública ante un cuadro de “incertidumbre jurídica que afecta la seguridad y previsibilidad del ordenamiento legal, dificulta la implementación de políticas públicas, limita la actuación y habilita interpretaciones contradictorias o discrecionales”.
Los decretos anulados por el Congreso incluían el 340/25, que establecía un nuevo régimen de excepción para la Marina Mercante Nacional; el 345/25, que fusionaba institutos históricos y modificaba al Instituto Nacional del Teatro; el 351/25, que transformaba al Banco Nacional de Datos Genéticos; el 461/25, que disponía el cierre y reestructuración de Vialidad; y el 462/25, que eliminaba la Agencia del Cáñamo y el Cannabis Medicinal.
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