Un tribunal federal ha declarado ilegal el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en junio para labores de seguridad pública. Esta decisión se produce en un contexto en el que el mandatario ha amenazado con enviar más tropas a otras ciudades gobernadas por demócratas.
El juez Charles Breyer argumentó que la medida viola la ley que prohíbe al ejército realizar funciones policiales. En consecuencia, se ha prohibido que los soldados desplegados participen en patrullas, detenciones, registros o en la gestión de disturbios y multitudes. Esta prohibición no entrará en vigor hasta el 12 de septiembre, permitiendo al Gobierno apelar.
La decisión fue tomada en respuesta a una demanda del gobernador de California, Gavin Newsom, quien argumentó que el uso de tropas federales para funciones policiales equivale a crear “una fuerza de policía nacional” bajo el mando del presidente, lo que infringe la ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe a las tropas desempeñar funciones de mantenimiento del orden. Esta ley se basa en la tradición estadounidense que considera la intervención militar en asuntos civiles como una amenaza a la democracia y las libertades.
Tras conocerse la decisión, el gobernador Newsom expresó en redes sociales que “el pueblo californiano ha ganado una rendición de cuentas muy necesaria sobre la militarización ilegal de Trump de una ciudad estadounidense”.
En su dictamen, el juez Breyer indicó que las pruebas mostraron que los demandados utilizaron soldados armados y vehículos militares para establecer perímetros de protección, controlar multitudes y demostrar una presencia militar en Los Ángeles, lo que constituye una violación de la ley Posse Comitatus.
La legislación estadounidense permite algunas excepciones a la Posse Comitatus, siendo la más notable la ley contra la Insurrección, que autoriza al presidente a desplegar a la Guardia Nacional en caso de rebelión en algún estado, siempre que se haga a petición de la legislatura o del gobernador del estado afectado.
Trump ordenó el despliegue de 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina en Los Ángeles para responder a las manifestaciones en contra de su política migratoria, especialmente las redadas en busca de inmigrantes irregulares. La Guardia Nacional fue desplegada para proteger edificios federales, incluido un centro de detención donde se concentraron los manifestantes.
Desde el despliegue, Trump ha afirmado que, de no haberlo hecho, Los Ángeles habría caído en el caos. Además, el presidente ha ordenado despliegues similares en Washington, argumentando que la violencia en la ciudad justificaba la declaración de una emergencia nacional, aunque los datos oficiales indican que los niveles de violencia han disminuido en 2024.
La decisión del juez Breyer se suma a otros reveses judiciales recientes para Trump, que incluyen la declaración de ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por su administración y la paralización de deportaciones rápidas de menores no acompañados guatemaltecos.
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