El Gobierno argentino ha conseguido este lunes en los tribunales detener, al menos temporalmente, la difusión de audios grabados en la Casa Rosada a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y figura clave en la estructura del gobierno ultraderechista. Un juez de primera instancia advirtió que dichas grabaciones podrían afectar “la intimidad y el honor” de la secretaria de la Presidencia y “la seguridad institucional” del país. En una presentación judicial paralela, el Gobierno denunció que esos audios, así como otros anteriores donde un ex alto funcionario revelan una presunta red de corrupción interna, forman parte de una “operación de inteligencia ilegal” destinada a “desestabilizar” la democracia argentina. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detrás del complot estarían periodistas y “personas ligadas a los servicios de inteligencia rusos con incidencia de Venezuela”.
Esta acción judicial representa el primer intento de contraataque tras casi dos semanas en las que Milei y su equipo perdieron el control de la agenda pública y se mostraron paralizados. La crisis comenzó con la publicación en un canal de streaming de conversaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, amigo personal de Milei y director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en ese momento. En los audios, Spagnuolo se quejaba de no poder desmantelar una red de sobornos en su cartera para las compras estatales de medicamentos, indicando que el dinero recaudado iba a parar a Karina Milei y su principal asesor, Eduardo Lule Menem. El Gobierno reaccionó despidiendo al funcionario, denunciando un montaje del kirchnerismo y buscando al autor de las grabaciones.
El jueves pasado, durante una caravana electoral previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Milei afirmó que llevaría a Spagnuolo ante la justicia por considerarlo un mentiroso. Sin embargo, el viernes, el mismo programa que había publicado los audios de Spagnuolo difundió otros donde Karina Milei instaba a sus interlocutores a permanecer unidos. Aunque el contenido fue considerado inocuo, evidenció que la secretaria de la Presidencia había sido grabada en su despacho.
El círculo cercano a Milei entró en pánico. Karina Milei solicitó a la justicia que se detuviera la publicación de futuros audios, de los cuales se desconoce su existencia. El juez federal Alejandro Maraniello aceptó su pedido, aclarando que no se trataba de un caso de censura previa, aunque su fallo ha recibido diversas críticas. El abogado Pedro Caminos, miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, advirtió que el juez no tuvo acceso a los audios para evaluar un posible daño al honor de la hermana del presidente. Recordó que, según la legislación argentina, “ninguna autoridad tiene atribuciones para impedir la difusión de información”. “Si esa difusión provocara un daño, nace la responsabilidad. Siempre después, nunca antes”, escribió Caminos en un extenso post en X.
Si la intención fue detener el escándalo, los argentinos esperan escuchar esas grabaciones que preocupan al Gobierno. Además, cualquier futura difusión ya tiene un sello oficial de legitimidad. La prensa local ha destacado el perfil del juez que emitió la prohibición, quien enfrenta ocho denuncias ante el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual a sus empleadas. En septiembre del año pasado, la Asociación de Empleados del Poder Judicial logró que se asignara un policía en el juzgado de Maraniello para proteger al personal.
En medio de la confusión, la Casa Rosada insinuó la existencia de una gran operación de espionaje internacional, vinculando a los servicios secretos rusos y venezolanos. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”. La ministra Bullrich sostuvo que “los servicios de inteligencia paralelos intentan desestabilizar a aquellos gobiernos que generan conmoción en el mundo del poder”, refiriéndose al de Milei.
La conexión local de esta supuesta operación incluiría a los periodistas que publicaron los audios, quienes han sido objeto de solicitudes de allanamiento por parte del Gobierno, así como a dirigentes vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino, en conflicto con Milei, y el esposo abogado de una diputada libertaria que recientemente se separó de la Casa Rosada.
El escándalo de los audios se presenta en un momento complicado para el Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta dificultades para mantener el tipo de cambio, que este lunes se acercó peligrosamente a los 1.400 pesos por unidad, el límite que lo obligaría, si cumple su promesa ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), a vender reservas para sostener el peso. La inestabilidad económica podría tener consecuencias imprevisibles en el escenario electoral. Este domingo se eligen diputados y senadores locales en la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo, y Milei tiene poco que ofrecer más allá de una reducción de la inflación que podría verse amenazada si el tipo de cambio finalmente se dispara.
Los audios de Spagnuolo y el temor a que se filtren conversaciones de la hermana del presidente han complicado aún más la situación. El domingo también trajo malas noticias: en la provincia de Corrientes, donde se eligió un nuevo gobernador, el partido de Milei, La Libertad Avanza, quedó en cuarto lugar tras negarse a negociar una alianza con el partido que finalmente obtuvo más del 50% de los votos.
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