El Gobierno nacional presentó una denuncia penal en la Justicia por los audios que se conocieron recientemente, en los que se escucha a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en conversaciones que podrían haber sido grabadas en la Casa Rosada.
La denuncia también abarca la filtración de audios que involucran al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
Además, el Gobierno solicitó que se prohíba la difusión de nuevas grabaciones y pidió “medidas cautelares urgentes” para impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, requiriendo la colaboración de personas, organismos, medios de comunicación y prestadores de servicios digitales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la denuncia, afirmando que se trata de una operación de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral. “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, señaló Adorni.
La denuncia ante la Justicia Federal, a la que tuvo acceso LA NACION, considera que hubo una operación de inteligencia ilegal destinada a “desinformar” y desestabilizar el proceso electoral, “con presunta influencia extranjera”.
Según la presentación, la maniobra consistió en la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de Karina Milei y otros funcionarios”.
El Gobierno considera que “no se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado” que busca generar caos y desinformación, condicionando ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales.
Entre los responsables identificados se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi.
La presentación advierte que las grabaciones podrían haberse realizado en la propia Casa Rosada, constituyendo una amenaza a la seguridad institucional y a la investidura presidencial.
El Gobierno agregó que “esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.
La denuncia solicita medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral.
Desde el Gobierno subrayaron que “no se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia”.
La filtración de los audios se concretó el último viernes, tras una semana en la que la administración libertaria sufrió los embates de otras grabaciones relacionadas con el cobro de supuestas coimas en el área de discapacidad.
El contenido de esos audios, desmentidos por la Casa Rosada, menciona que las presuntas coimas eran para la hermana del Presidente y su hombre de confianza, Eduardo “Lule” Menem.
Tras conocerse el audio con la presunta voz de Karina Milei, que se habría grabado en una reunión de trabajo, comenzó a evaluarse la posibilidad de incluir en la denuncia un presunto espionaje ilegal.
La idea de realizar la presentación judicial se empezó a evaluar la noche del viernes, pocas horas después de que se conociera públicamente el material. La denuncia se concretó hoy.
Carnaval Stream, el medio que divulgó los audios de Spagnuolo, también filtró supuestas grabaciones de Karina Milei, donde llamaba a “estar unidos” en referencia a la interna libertaria.
El Gobierno reaccionó a través de su vocero, advirtiendo que, si los audios son verdaderos, se trataría de un escándalo sin precedentes, siendo la primera vez que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada.
Adorni agregó que la difusión de estos audios, a días de la elección en la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que ocurre es parte de una operación de desinformación orquestada para desestabilizar al gobierno e influir en el proceso electoral.
Se publicaron fragmentos de la grabación atribuida a Karina Milei, que dura aproximadamente 50 minutos, de los cuales solo se han divulgado dos fragmentos hasta el momento.
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