En Argentina, la relación entre la población jubilada y la activa es de cinco a uno, pero se proyecta que para 2050 será de uno a tres, según un informe de la Subsecretaría de Seguridad Social. Este cambio demográfico, junto con la caída de la tasa de natalidad, plantea un desafío significativo para el sistema jubilatorio.
La esperanza de vida ha aumentado, mientras que la tasa de natalidad ha disminuido de 18 nacidos por cada 1000 habitantes en 2013 a 11 en 2023. Este panorama afecta el “pacto intergeneracional” del sistema de reparto, que depende no solo de aportes, sino también de impuestos generales.
El 42% de los trabajadores en Argentina son informales, y entre los que aportan, muchos están registrados en el monotributo, un régimen con contribuciones débiles para el sostenimiento de las jubilaciones. Ignacio Apella, economista del Banco Mundial, señala que el sistema previsional está diseñado para un mercado laboral formal, lo que resulta problemático en un contexto de alta informalidad y trayectorias laborales irregulares.
El 55% de los aportantes no alcanza los 30 años de aportes requeridos para una jubilación. La Subsecretaría de Seguridad Social reporta que, a junio de este año, había 6.074.649 jubilados y pensionados, de los cuales el 68,6% de las jubilaciones y un tercio de las pensiones se otorgaron a través de moratorias por falta de aportes.
Propuestas como las de Rafael Rofman y Manuel Mera sugieren eliminar el requisito de 30 años de aportes y establecer un sistema donde cada período contribuido cuente, además de un esquema de prestación básica para todos los que cumplan la edad de retiro. También se propone unificar la edad de jubilación en 65 años para hombres y mujeres.
El debate incluye la revisión de los regímenes de excepción que permiten jubilaciones anticipadas, y se sugiere que cualquier desviación respecto a la norma general se financie con mayores aportes. La discusión sobre el futuro de las cajas provinciales de jubilación también es relevante, con la posibilidad de que algunas puedan transferir sus sistemas a la Anses.
En cuanto a los regímenes de autónomos y monotributistas, el número de monotributistas aportantes ha aumentado un 62,6% desde 2012, mientras que los asalariados del sector privado solo crecieron un 3,3%. Esto ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema, ya que los aportes de los monotributistas son considerablemente más bajos que los necesarios para sostener las jubilaciones.
La caída del poder adquisitivo de las jubilaciones ha sido significativa, con una reducción de entre el 32% y el 49% en comparación con 2017. Se discuten propuestas para reparar el deterioro acumulado, incluyendo un sistema de movilidad que permita correcciones en los ingresos y la posibilidad de establecer un ingreso básico para todos los adultos mayores.
La reforma del sistema jubilatorio busca no solo mejorar la sostenibilidad fiscal, sino también garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones. A medida que se avanza en este debate, se espera que la discusión sobre cómo financiar el sistema y quiénes deben ser incluidos en él continúe siendo un tema central en la agenda política y económica del país.
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