Ante la falta de voluntad de Rusia para avanzar hacia la paz, evidenciada por la reciente oleada de ataques en Kiev, Bruselas ha decidido actuar con rapidez. La alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha solicitado a los Veintisiete que envíen sus propuestas para implementar nuevas sanciones a Moscú “la semana que viene”. El objetivo es tener listo el decimonoveno paquete de sanciones, que podría incluir sanciones secundarias, antes de finalizar septiembre.
Kallas también ha instado a otros aliados, especialmente a Estados Unidos, a acelerar sus propias sanciones. A pesar de las advertencias del presidente Donald Trump a Vladímir Putin, aún no se han aplicado medidas drásticas que podrían afectar significativamente la economía rusa.
“Las sanciones han privado a Rusia de miles de millones de euros. Funcionan y he pedido a los Estados miembros que envíen sus propuestas la semana que viene”, afirmó Kallas al concluir una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Copenhague, donde la guerra en Ucrania y las sanciones fueron temas centrales.
Durante las discusiones, los ministros evaluaron diversas opciones para incrementar la presión sobre Moscú y frenar su maquinaria de guerra. Kallas confirmó que se está considerando impactar más al sector energético y posiblemente al bancario, aunque no quiso entrar en detalles específicos, indicando que se están “explorando todas las opciones”.
También se están considerando “prohibiciones de importación” y aranceles a productos rusos, así como la ampliación de la lista de sancionados en relación con la flota que Rusia utiliza para eludir las sanciones petrolíferas. Uno de los temas más debatidos es la implementación de sanciones secundarias que penalicen a los países que ayudan a Rusia a eludir las restricciones europeas.
En el último paquete de sanciones, aprobado en julio, ya se incluyeron algunas sanciones secundarias, como la inclusión de la mayor refinería de Rosneft en India en la lista negra europea y la identificación de varios bancos chinos. Para aumentar la presión, se está considerando apuntar a países facilitadores.
Los ministros discutieron la posibilidad de aplicar, por primera vez desde su aprobación hace dos años, la “herramienta antielusión”, que permitiría a la UE restringir la venta y transferencia de ciertos bienes y tecnologías a terceros países que presenten un alto riesgo de elusión de sanciones. Esta herramienta ha sido considerada una “medida excepcional y de último recurso”.
A pesar del consenso sobre la necesidad de sancionar a Rusia, con Hungría como la única voz disidente, Bruselas enfrenta un dilema sobre el manejo de los activos congelados de Rusia. Cada vez más voces en la UE abogan por utilizar estos activos en beneficio de Ucrania, no solo los intereses generados por ellos.
No obstante, Bélgica, sede de la empresa Euroclear que alberga gran parte de esos fondos, se opone a su uso, argumentando que podría violar leyes y acuerdos internacionales y perjudicar la credibilidad financiera europea.
Kallas, quien apoya el uso de los fondos, ha señalado que hay una gran “laguna de financiación” para ayudar a Ucrania el próximo año y ha defendido la necesidad de continuar discutiendo este asunto. Además, ha recordado que sería “inimaginable” devolver los activos rusos a Rusia tras un acuerdo de paz si Moscú no compensa a Kiev por la devastación causada en Ucrania.
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