Tres magistrados de la Corte de Apelación del Tribunal Superior de Inglaterra han dado este viernes la razón al Gobierno de Keir Starmer, al anular la orden cautelar de desalojo del hotel de Epping en el que viven 138 solicitantes de asilo, emitida por un juez el 19 de agosto. Esta decisión representa una victoria parcial, ya que la sustancia del asunto será vista en sala en octubre, pero proporciona un alivio a Downing Street, que temía una cascada de demandas similares por parte de las autoridades locales en todo el país para deshacerse de la presencia de inmigrantes irregulares en su zona.
La orden de desalojo del juez respondió a una triquiñuela legal del Consejo de Epping, que acusa a la empresa Somani Hotels, propietaria del Hotel The Bell donde se encuentran los solicitantes de asilo, de haber incumplido la normativa de planificación urbanística al utilizar su establecimiento para un objetivo distinto al original. Sin embargo, la decisión judicial arrastró consecuencias más delicadas y graves.
Después de un episodio de presunto acoso sexual a una menor, del que fue acusado uno de los residentes del hotel, decenas de vecinos, jaleados por la ultraderecha, se manifestaron frente al edificio durante varios días. Hubo altercados con la policía, violencia y casi tres decenas de arrestos.
Al incluir el juez en su decisión los disturbios generados en la zona y la alteración de la paz social como razones añadidas para ordenar el desalojo del hotel, programado para el 12 de septiembre, muchos consejos locales anunciaron que también se planteaban acudir a los tribunales. Además, la derecha populista de Nigel Farage y organizaciones ultras convocaron a protestar a los vecinos de todo el país que tuvieran cerca hoteles con inmigrantes.
Los magistrados que anularon la orden han criticado la decisión del juez, considerándola plagada de errores. En primer lugar, por no permitir al Ministerio del Interior, que tiene la obligación legal de proteger y garantizar el trato humanitario de los solicitantes de asilo, ser incluido como parte afectada en la vista judicial. Además, el tribunal reprocha al juez no haber tenido en cuenta que su resolución podría incentivar más disturbios en la calle.
La corte ha señalado que el juez no consideró otros datos relevantes, como el hecho de que Somani Hotels había utilizado el establecimiento para alojar solicitantes de asilo en tres periodos diferentes, bajo contrato con el Ministerio británico del Interior. Finalmente, al tener en cuenta que la sustancia del litigio se debatirá en una vista judicial en octubre, los magistrados reprochan al juez su falta de interés por preservar la situación actual de los 138 inmigrantes alojados en el hotel.
Una decisión con trampa
El Gobierno de Starmer ha logrado ganar tiempo con esta decisión y evitar el caos que habría supuesto buscar alojamiento de modo acelerado para miles de inmigrantes que viven en hoteles por todo el país. Actualmente, hay 32,000 en 210 establecimientos. Los laboristas se han comprometido a abandonar el uso de los hoteles antes de 2029, pero necesitan tiempo para hacerlo de manera ordenada.
La presión populista está forzando a Starmer y a su ministra del Interior a acelerar los planes y reducir drásticamente el tiempo medio necesario para resolver una solicitud de asilo, que hoy ronda un año. Hay 111,000 personas a la espera de esa resolución administrativa.
Tanto la derecha populista de Farage como el ala más radical del Partido Conservador han utilizado el revés judicial para caldear el debate político. Farage ha protestado que “los inmigrantes ilegales tienen hoy más derechos que los ciudadanos británicos bajo el Gobierno de Starmer”. Además, el Gobierno teme que la ultraderecha vuelva a alimentar la frustración de muchos vecinos con nuevas protestas que puedan derivar en más violencia.
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