Las cárceles de Marruecos enfrentan un grave problema de hacinamiento, con más de 100.000 internos a finales de 2024 y un nivel de ocupación del 160%, lo que ha llevado a que hasta tres reclusos compartan el espacio destinado para uno. Para abordar esta situación y disminuir el presupuesto penitenciario, el país ha introducido un sistema de penas alternativas a la privación de libertad, que incluye el uso de brazaletes de vigilancia electrónica, trabajo comunitario y multas para delitos menores.
En la última década, la población carcelaria ha crecido un 40%, según la Delegación General de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción (DGAPR), citada por la revista Tel Quel. Este organismo ha señalado que no puede garantizar condiciones adecuadas de salubridad debido al hacinamiento y la falta de ventilación. Además, la inseguridad interna se ve agravada por la circulación de armas y sustancias prohibidas en las prisiones, complicando la implementación de medidas de reinserción y formación.
Marruecos reconoce que su sistema penitenciario no cumple con los estándares internacionales de dignidad humana. La ONG Observatorio Marroquí de las Prisiones (OMP) ha advertido sobre la emergencia en las cárceles, señalando que la sobrepoblación ha superado el umbral de condiciones humanas aceptables. Actualmente, cada preso tiene un promedio de 1,73 metros cuadrados de espacio, menos de la mitad de lo recomendado por la ONU, y carecen de instalaciones sanitarias separadas. La OMP sugiere indultos masivos, como el que el rey Mohamed VI concedió a cerca de 20.000 condenados en su 26º aniversario en el trono.
La Fiscalía de Marruecos ha señalado que las penas cortas de prisión han resultado ineficaces para prevenir la reincidencia y son costosas para el Estado. Por ello, se busca evitar la privación de libertad cuando no es necesaria y se promueven medidas alternativas. Recientemente, un tribunal de Agadir dictó un fallo que sustituye una condena de dos meses de prisión por una multa diaria por un delito de venta ilegal de alcohol.
Hasta el momento, solo se han implementado parcialmente los brazaletes electrónicos, mientras que otras medidas como el trabajo comunitario aún no se han puesto en marcha. Los responsables penitenciarios atribuyen los retrasos a las vacaciones de verano. Marruecos busca alinear su sistema con las recomendaciones del Consejo de Europa, la UE y la ONU, pero la Fiscalía advierte que la aplicación de penas alternativas será compleja en algunas regiones y que el costo de los equipos de vigilancia limitará su uso.
Las nuevas medidas se aplicarán a delitos con penas de menos de cinco años. El trabajo en beneficio de la comunidad se realizará en instituciones públicas y organizaciones sociales. La legislación establece penas de prisión y multas para quienes intenten deshacerse de los dispositivos de vigilancia. Se estima que estas medidas podrían generar un ahorro anual de 30 millones de euros.
Los reincidentes y los delitos graves, como terrorismo y corrupción, quedan excluidos de este nuevo sistema de penas. La OMP considera que las penas alternativas ofrecen una oportunidad para mitigar la superpoblación carcelaria, que actualmente presenta más de 100.000 reclusos para menos de 70.000 plazas disponibles, lo que ha llevado a condiciones de detención severas.
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