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Spagnuolo elige abogado defensor del primer arrepentido en la causa

Diego Spagnuolo ha designado a un abogado con un historial relevante en la causa de los cuadernos de las coimas. Se trata de Juan Araóz de Lamadrid, quien anteriormente representó al primer arrepentido del caso, Juan Carlos de Goycoechea, exCEO de una constructora española.

Este jueves, Araóz de Lamadrid se presentó junto a un colega en el expediente de los audios como abogado de Spagnuolo, quien está bajo investigación por grabaciones que presuntamente revelan un esquema de coimas en su área de trabajo.

En la causa, Goycoechea admitió haber realizado pagos a funcionarios durante el gobierno de Cristina Kirchner, alegando que fue presionado para contribuir financieramente a las campañas electorales.

En aquel momento, existía una orden de detención en su contra.

Aráoz de Lamadrid, quien facilitó esos acuerdos, proviene de una familia con una larga trayectoria en la justicia. Su abuelo fue juez de la Corte y su padre, juez en lo penal económico, un área en la que el abogado de Spagnuolo se especializa.

Se graduó como abogado en la Universidad Católica Argentina en 1991 y ha trabajado en juzgados y fiscalías de la Justicia Nacional. Desde 2015, forma parte de un estudio legal que maneja casos sensibles y ha defendido a otros implicados en la causa de los cuadernos, como el expresidente Mauricio Macri.

El abogado Ricardo Rosental, socio de Aráoz de Lamadrid, representó a Macri en el caso de los Panamá Papers y defendió al empresario Ángelo Calcaterra, primo de Macri, en la causa de los cuadernos.

Dos días después de que Goycoechea se convirtiera en arrepentido, Calcaterra también se presentó en el juzgado, destacando las presiones del Gobierno. Lo mismo ocurrió con Javier Sánchez Caballero, quien fue representado por Rosental.

Daniel Rubinovich, otro socio de Araoz de Lamadrid, defiende a Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, acusados en el caso de la moneda digital Libra, que también involucra al Gobierno.

El arrepentido

La figura del arrepentido fue establecida por una ley de 2016, diseñada para desarticular redes delictivas mediante la información proporcionada por quienes deciden colaborar. A cambio, el arrepentido puede recibir una reducción de pena.

La información debe contribuir a avanzar en la investigación, ya sea aclarando hechos o revelando nuevos, y puede señalar a personas de mayor jerarquía dentro de la estructura criminal.

El proceso requiere un acuerdo entre el acusado y el fiscal, que debe ser validado por un juez, y está limitado a delitos específicos como corrupción, trata de personas, entre otros.

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