El Estado brasileño lanzó el jueves el megaoperativo “Carbono Oculto”, con el objetivo de desmantelar un esquema de blanqueo de capitales y fraude en el sector de los combustibles, llevado a cabo por el Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil. En total, se emitieron 350 órdenes de allanamiento contra personas físicas y jurídicas en siete estados.
El PCC, originado en San Pablo y con ramificaciones en todo el país y en naciones vecinas, utilizaba más de mil estaciones de servicio en diez estados y controlaba 40 fondos de inversión como parte de su operación.
Según la Secretaria de Ingresos Federales de Brasil, la Receita Federal, el esquema de lavado de dinero incluía desde empresas formuladoras de combustibles hasta las estaciones de servicio, tanto en la venta de alcohol, nafta y diésel como en los locales de las estaciones. Los valores eran introducidos en el sistema financiero a través de fintechs y, finalmente, el dinero de origen ilícito era reinvertido en negocios y propiedades mediante fondos de inversión.
El Ministerio Público de San Pablo, la Receita Federal, la Policía Federal y otros organismos participan en el operativo con un total de 1400 agentes, que realizaron allanamientos en la Avenida Faria Lima, centro financiero de San Pablo y del país.
La trama habría movido aproximadamente 9600 millones de dólares entre 2020 y 2024, en más de 1000 puestos de combustibles en todo Brasil. La investigación también reveló un fraude fiscal superior a los 1200 millones de dólares.
Además, el grupo criminal controlaba cuatro refinerías y más de 1000 camiones que transportaban combustible, generalmente adulterado. El ministro de Economía, Fernando Haddad, describió el mecanismo como “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero” durante una rueda de prensa.
La Receita Federal afirmó que Carbono Oculto es la “mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país en términos de cooperación y amplitud”.
El esquema
El núcleo de la trama criminal era la importación irregular de metanol a través del puerto de Paranaguá, en el estado de Paraná. La sustancia se transportaba con documentación falsa y se utilizaba para adulterar nafta y diésel.
Según las investigaciones, en el período investigado, las empresas formuladoras de combustibles vinculadas al PCC importaron 1800 millones de dólares en nafta, hidrocarburos y diésel, utilizando dinero ilegal proveniente de la facción criminal. Las formuladoras de combustibles son empresas autorizadas por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) de Brasil para mezclar hidrocarburos y otros componentes para producir nafta y diésel.
Estas empresas evadían impuestos, por un total de 1600 millones de dólares, y también adulteraban combustibles distribuidos en las estaciones de servicio. Además, según la investigación, locales y sus administraciones, así como panaderías en los sitios, también participaban del esquema.
En la mayoría de los casos, los valores que las estaciones recibían en efectivo o con tarjeta eran destinados al PCC, sumando 9600 millones de dólares entre 2020 y 2024, con una recaudación de impuestos incompatible con sus ingresos. La Receita Federal multó a los locales por 164 millones de dólares.
De estos, 140 puestos no registraron ninguna actividad durante esos cuatro años, pero aun así figuraban en facturas como compradores de más de 368 millones de dólares en combustibles.
Lo recaudado en el sector de los combustibles a través de este esquema llegaba al sistema financiero a través de empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros, o fintechs. Una de ellas habría funcionado como un “banco paralelo” del PCC, y movió 8500 millones de dólares entre 2020 y 2024.
Las mismas personas controlaban otras instituciones de pago más pequeñas, utilizadas para crear una doble capa de ocultamiento. La fintech recibió tanto los pagos con tarjeta como dinero en efectivo, que sumaron, solo entre 2022 y 2023, más de 11 millones de dólares en 10.000 depósitos.
“Las investigaciones apuntan que el sofisticado esquema ideado por la organización criminal, al blanquear el producto del delito, generó importantes ganancias en la cadena de producción de combustible“, señaló la Receita Federal.
Las mil estaciones estaban ubicadas en los estados de São Paulo, Bahía, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Río de Janeiro y Tocantins.
En simultáneo al operativo Carbono Oculto, la Policía Federal lanzó otras dos operaciones relacionadas: Quasar, que investiga el uso de fondos de inversión para blanquear el dinero, y Tank, que ya ha congelado activos por valor de más de 180 millones de dólares. Esta última operación busca desmantelar la red financiera que, desde 2019, habría movido al menos 4200 millones de dólares a través de distribuidores, holdings e instituciones financieras vinculadas al PCC.
Agencias AFP, ANSA, Reuters y diario O Globo.
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