La Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó al Presidente Javier Milei que no anule el proyecto de ley recientemente aprobado en el Congreso, y reclamó su inmediata promulgación.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el secretario general del Rectorado, Juan Alfonsín, enviaron un documento al Poder Ejecutivo donde exigen “la efectiva promulgación e implementación” de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente y Nodocente. Este texto fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior y también fue enviado al Congreso y al Ministerio de Capital Humano.
El Consejo Superior advirtió que, si Milei decide vetar la ley, los legisladores nacionales deben insistir en su aprobación y mantener la posibilidad de sancionarla. La resolución recordó que en 2024 se había sancionado una ley similar que fue anulada por el Ejecutivo, lo que, según los consejeros, “ha generado severos problemas que es necesario resolver de manera urgente”.
La normativa contempla la convocatoria a paritarias salariales tomando como referencia la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023. También prevé la actualización de fondos de funcionamiento, la creación de un fondo especial para carreras estratégicas y un esquema de financiamiento que aumentará del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
En su pronunciamiento, la UBA destacó que “a lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial ha sido menor que la inflación oficial medida por el INDEC”. La institución recordó que en marzo declaró la emergencia salarial y en junio la emergencia presupuestaria, debido a la falta de recursos suficientes para mantener sus actividades.
Además, el Consejo Superior incluyó en su declaración un pedido al Presidente para que no vete la Ley de Emergencia Sanitaria vinculada al Hospital Garrahan y a las Residencias Nacionales de Salud, reclamando “proceder a su efectiva promulgación e implementación”, en línea con la posición adoptada respecto al financiamiento universitario.
La ley fue aprobada en el Senado el 21 de agosto, tras recibir previamente media sanción en Diputados. De esta manera, el Congreso avanzó nuevamente con una norma que ya había sido votada en 2024, pero que fue vetada por el Ejecutivo, lo que provocó en ese momento tomas y movilizaciones en universidades de todo el país.
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