La Corte Suprema de Justicia ha instado al Congreso de la Nación a proceder con el nombramiento del Defensor del Pueblo, un cargo que se encuentra vacante desde 2009. Este requerimiento se produce en un contexto donde la Constitución y la Ley de Defensor del Pueblo estipulan que la designación debe ser realizada mediante un acuerdo de ambas cámaras legislativas, aunque en la práctica este proceso ha sido obstaculizado por diferencias políticas entre los distintos bloques parlamentarios.
En un fallo reciente, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que la ausencia de un Defensor del Pueblo activo ha impactado negativamente en el tratamiento de un expediente relacionado con la extensión del fallo “Badaro” a jubilados y pensionados en situaciones similares. Ambos magistrados destacaron que la falta de un representante en este cargo ha limitado la capacidad del organismo para adaptar la demanda a los requisitos establecidos por la Corte para este tipo de reclamos. Por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti coincidió en que la prolongada vacante en el cargo ha sido un factor clave en la demora del proceso.
La causa se remonta a 2007, cuando el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, buscó que todos los jubilados pudieran acceder al mismo criterio de movilidad salarial que la Corte había definido en el caso de Adolfo Badaro. Sin embargo, la Cámara de la Seguridad Social desestimó la demanda, considerándola un reclamo de derechos individuales, lo que llevó a la apelación ante el máximo tribunal. La Corte, que ha exhortado al Congreso durante más de 15 años para que regule el ejercicio de los procesos colectivos en Argentina, reiteró su preocupación por esta situación.
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