Las autoridades de San Petersburgo han puesto en marcha un proyecto denominado Ciudad Segura, que incluye la instalación de cámaras con inteligencia artificial capaces de identificar a los ciudadanos según su raza. Según Ígor Níkonov, subdirector del Comité de Tecnologías de la ciudad, este sistema puede distinguir “hasta seis tipos de razas” y permitirá a las fuerzas del orden tomar decisiones basadas en la concentración de ciertas nacionalidades en puntos específicos de la ciudad. Sin embargo, no se han especificado las medidas que se implementarán ni los objetivos de esta vigilancia, en un contexto donde las autoridades han intensificado la persecución de inmigrantes desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Oleg Kapitánov, jefe del Comité de Relaciones Interétnicas, planteó esta iniciativa como parte de la lucha contra la inmigración ilegal. Actualmente, solo el 43% de los residentes de la ciudad valora positivamente la convivencia entre diferentes etnias. Se estima que San Petersburgo podría contar con hasta 8.000 cámaras, aunque las autoridades no han confirmado el número exacto que se ha desplegado.
Este nuevo método de vigilancia se suma a las más de 230.000 cámaras con reconocimiento facial que operan en Moscú, las cuales han permitido la localización y captura de 26.000 personas buscadas por la policía entre 2020 y 2024, muchas de ellas manifestantes en contra de la guerra y la persecución política.
Además, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció que a partir del 1 de septiembre, todos los extranjeros deberán validar su lugar de residencia mediante una aplicación en sus teléfonos móviles. Esta aplicación tendrá acceso a los datos del usuario, quien también deberá portar una “tarjeta personal con un código QR” para facilitar la verificación por parte de las autoridades.
Las medidas implementadas apuntan principalmente a los inmigrantes de Asia Central y del Cáucaso. En San Petersburgo, donde residen alrededor de 5,6 millones de personas, aproximadamente 200.000 trabajan con permisos de trabajo, conocidos como patentes. Desde julio, se les ha prohibido ejercer como taxistas, una restricción que también se aplica en al menos 60 regiones de Rusia, incluyendo sectores como la sanidad y la educación.
Recientemente, un diputado de la Duma Estatal propuso prohibir que los inmigrantes trabajen como repartidores, argumentando que su presencia en el transporte público genera molestias y que algunos están involucrados en actividades delictivas. Esta propuesta fue bien recibida por las autoridades locales, quienes han manifestado su intención de avanzar en esta dirección.
El despliegue de cámaras en San Petersburgo representa un paso más hacia la institucionalización de la segregación étnica en Rusia, en un contexto donde también se han implementado restricciones a la escolarización de niños inmigrantes que no superen un examen de lengua rusa. Este año, solo el 7% de los menores aspirantes logró aprobar dicho examen, lo que ha generado críticas tanto de defensores de derechos humanos como de algunos funcionarios rusos.
Desde julio, todos los ciudadanos extranjeros también están obligados a registrar su voz y su imagen en un banco de datos de las autoridades rusas, lo que refuerza aún más el control sobre esta población en el país.
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