El viernes pasado, ante el juez y la fiscal federal que investigan las consecuencias del uso de fentanilo contaminado, el dueño del laboratorio que comercializó el medicamento, Ariel García Furfaro, apuntó contra un excolaborador y mencionó que en diciembre, cuando se elaboraron los lotes de fentanilo, había iniciado los trámites en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para cerrar HLB Pharma y trasladar el negocio a Laboratorios Ramallo.
García Furfaro declaró durante seis horas en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, asistido por su abogado Gastón Marano. Durante su declaración, respaldó al personal contratado en la planta de Ramallo y refirió que “solo conocía a dos o tres” de HLB, empresa que había adquirido en 2017 y por la que podría enfrentar un juicio oral este año.
“Yo me dedicaba a lo comercial con [la droguería] Alfarma, a la venta y a la compra de lo que era importación. En HLB, hasta octubre del año pasado, lo manejaba otra gente, Andrés Quinteros”, sostuvo García Furfaro.
Se le imputa haber formado parte de una cadena de decisiones sobre “la fabricación, la distribución, la venta, la omisión de recupero farmacéutico y la adulteración” de los lotes N° 31.202 y N° 31.244 de fentanilo marca HLB Pharma, que fueron producidos en la planta de la firma Ramallo.
El lote 31.202 incluyó 154.530 ampollas producidas entre el 18 y 19 de diciembre del año pasado y fue liberado para su comercialización el 4 de enero de este año. Su distribución a hospitales y centros privados se realizó a través de las droguerías Alpharma, Glamamed y Nueva Era, entre otras, con sedes en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba.
El Hospital Italiano de La Plata, que fue el primero en notificar a la Anmat sobre la contaminación bacteriana de ampollas cerradas, había adquirido 10.000 ampollas en 10 cajas del lote 31.202. Estas ingresaron al stock del área de Farmacia el 1° de abril y se empezaron a entregar a las unidades de terapia intensiva a medida que lo pedían los médicos.
El otro lote, que incluía 151.430 dosis, se liberó para su venta a través de droguerías el 6 de enero. En ambos casos, la adulteración durante la producción consistió en la contaminación del medicamento con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica, lo que fue comprobado en análisis realizados en el instituto Malbrán. El tribunal determinó que ese proceso de elaboración tuvo “múltiples falencias”, muchas de ellas consideradas críticas y con “pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.
Durante su declaración, García Furfaro insistió en que no pudo avanzar con el retiro del producto del mercado debido a la denuncia penal que la Anmat formalizó el 12 de mayo. También mencionó que las ampollas secuestradas en Laboratorios Ramallo eran las 60.000 del lote N° 31.202 que le había enviado la droguería Glamamed el 9 de mayo, un día después del aviso público del organismo regulatorio.
“En noviembre, vinieron tres horas a inspeccionarnos”, agregó García Furfaro sobre los controles efectuados por el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). “No les dio el tiempo para escribir. Vinieron a clausurar. Tuvimos muchos problemas con sueros, pero no este tipo de problemas”, continuó.
En su declaración, también pidió que se investigue cómo se contaminaron las ampollas con bacterias. “Anmat nos quería cerrar”, afirmó. García Furfaro se mostró preocupado por el estado emocional de sus empleados, mencionando que “tengo 30 trabajadores que están al borde del suicidio”.
Hacia el final, reiteró que el ministro de Salud, Mario Lugones, había ordenado a la Anmat el cierre del laboratorio y planteó que todos los lotes de la campaña de fentanilo de diciembre deberían haberse contaminado con las bacterias. “Todos estamos pensando qué pudo haber pasado”, concluyó.
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