Desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta un recorte presupuestario que afecta directamente al colectivo. Los trabajadores han alertado que la reducción de personal ha generado una mala división de tareas, resultando en una mayor carga laboral para quienes permanecen en la institución. Se estima que al menos 500 puestos han sido eliminados en diversas áreas.
En medio de un escándalo de corrupción que rodea a ANDIS, los empleados con discapacidad han denunciado recortes, el cierre de centros de atención y una sobrecarga de tareas que evidencian el vaciamiento del organismo. Según los denunciantes, los sectores de Comunicación, Call Center y Atención Ciudadana fueron unificados de manera improvisada, convirtiéndose en la única vía para gestionar reclamos relacionados con pensiones, certificados de discapacidad y afiliaciones al programa Incluir Salud. Además, el cierre de centros de referencia en el interior ha dejado a miles de personas sin acceso a atención presencial, afectando a quienes no cuentan con internet y antes podían realizar sus trámites de manera cercana y personalizada.
Las denuncias también indican un retroceso en los derechos laborales de los trabajadores con discapacidad. “Nos invisibilizan, nos quitaron medios de transporte y en muchos casos solo nos ofrecen trabajar desde casa, lo que nos aísla y nos priva del contacto con compañeros”, relataron. Otros testimonios destacan que la gestión evita hacerse cargo de la asistencia personal que algunos empleados requieren para llevar a cabo tareas básicas, dejando los costos a cargo de cada trabajador.
Los empleados de ANDIS expresaron que “el Estado nos considera un gasto”. Afirmaron que para implementar buenas políticas públicas es necesario invertir, pero que los políticos optan por desviar recursos. Este reclamo pone de manifiesto la gravedad del ajuste y la indiferencia hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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