El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado la indagatoria del jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, quien está acusado de haber alertado al empresario Jonathan Kovalivker, investigado por presuntas coimas en el área de Discapacidad, sobre la búsqueda policial en su contra.
El pedido de indagatoria fue realizado por el fiscal de la causa, Franco Picardi. “El mensaje es claro: no se va a tolerar la obstrucción de la Justicia”, indicó una fuente involucrada en el caso a LA NACION.
Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina, ha estado en busca desde el jueves pasado. La Policía de la Ciudad estuvo cerca de localizarlo, pero el empresario abandonó Nordelta en su vehículo minutos antes de la llegada de los agentes. Según informes de LA NACION, la policía encontró la caja fuerte de un dormitorio abierta y banditas elásticas tiradas en el piso.
Las autoridades allanaron la vivienda, donde se encontraban la esposa y los hijos de Kovalivker, y se incautaron 50.000 dólares de otra caja fuerte ubicada en el cuarto de servicio.
A Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan y también propietario de la droguería investigada, la Policía lo interceptó cuando intentaba abandonar Nordelta.
El jueves, los investigadores implementaron medidas especiales para evitar que los empresarios escaparan, recordando experiencias previas en Nordelta. “Hubo malas experiencias con Nordelta”, comentó un funcionario a LA NACION.
Ante posibles complicaciones en el operativo, la Policía de la Ciudad designó a un comisario para liderar el procedimiento.
Para acceder a las residencias de los hermanos Kovalivker, es necesario pasar por dos garitas de seguridad. En la primera, la policía solicitó el número de lote de la casa de Jonathan. El empleado de seguridad que atendió a los agentes se comunicó con De Vicentis, y el diálogo, realizado en altavoz, resultó sospechoso para los policías. Posteriormente, minutos después, Jonathan Kovalivker salió de Nordelta en su Audi blanco.
Hasta el domingo, Jonathan no había sido localizado, al igual que su padre, Eduardo Kovalivker, quien, aunque no está involucrado en la gestión diaria de la empresa, figura como directivo. La policía continuó su búsqueda el domingo por la noche.
Las autoridades no buscan detener a los Kovalivker, sino obtener sus teléfonos y otros elementos que puedan ser relevantes para la causa.
A Emmanuel Kovalivker la Policía lo interceptó cuando cruzaba dentro del barrio en su automóvil. Se le encontraron 266.000 dólares distribuidos en varios sobres con anotaciones, así como 7.000.000 de pesos, su celular y su pasaporte.
El teléfono de Emmanuel es uno de los cuatro que posee la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), encargada de extraer información de los dispositivos. Los otros teléfonos pertenecen a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y a Daniel Garbellini, un funcionario de la Andis sospechado de haber recibido sobornos.
El dispositivo de Emmanuel es de última tecnología, lo que complica el acceso a su información, y el empresario se ha negado a proporcionar su clave de acceso.
Cómo empezó el caso
El escándalo se desató la noche del martes pasado, cuando se publicaron grabaciones de una conversación privada en el canal de streaming Carnaval, donde una voz atribuida a Spagnuolo menciona que están “desfalcando” la Agencia de Discapacidad. Se señala a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, como el encargado de organizar un sistema de retornos en la compra de medicamentos.
La difusión de esta grabación clandestina, cuyo origen es incierto, generó una crisis en el Gobierno. Tras varios días sin respuesta, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal que dio inicio a la causa, que fue asignada a los fiscales Picardi y Casanello.
Cómo sigue
La indagatoria de De Vicentis es un aspecto colateral de la causa principal, que investiga las presuntas coimas. La fiscalía está revisando los expedientes de compras de medicamentos secuestrados la semana pasada, en busca de sobreprecios, cartelizaciones o cualquier anomalía que pudiera estar relacionada con sobornos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), bajo la dirección del fiscal Sergio Rodríguez, se ha sumado a la causa.
Se estima que el análisis de los expedientes administrativos podría conducir a nuevos operativos, mientras la fiscalía espera los resultados de la apertura de los teléfonos secuestrados.
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