Una investigación reciente revela un esquema de corrupción en la gestión de fondos destinados a la discapacidad en Argentina. Este sistema involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su programa Incluir Salud, que se encarga de proporcionar prestaciones y medicamentos a personas sin obra social.
Detalles del esquema
Se estima que Andis, que contaba con 1,373 empleados en junio de 2022 y actualmente tiene 921, ha estado involucrada en compras millonarias a través de un sistema de “compulsa”, donde solo unos pocos proveedores son invitados a participar. Este mecanismo permite la contratación de medicamentos y productos ortopédicos sin una licitación formal.
Montos significativos
En 2024, el presupuesto para “Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas” alcanzó los $548,628 millones. Hasta la fecha, en 2025, este monto devengado asciende a $467,494 millones, lo que equivale a aproximadamente US$43.7 millones mensuales, según el tipo de cambio actual.
Personas involucradas
La situación se complica con la aparición de audios del director de Andis, Diego Spagnuolo, donde se menciona la existencia de retornos pagados por droguerías. Estos audios han generado un escándalo que ha llevado a la justicia a investigar las prácticas de compra dentro de la agencia.
El esquema de compras ha sido descrito como un “negocio fenomenal” donde participan droguerías y prestadores de servicios, con una red de intermediarios que facilitan las transacciones. Se menciona que la figura del “armador” se ha vuelto crucial en este sistema, siendo responsable de conocer a los proveedores y los precios de los productos.
Contexto histórico
Históricamente, la gestión de fondos para la discapacidad estaba bajo el Ministerio de Desarrollo Social, pero con la creación de Andis durante el gobierno de Mauricio Macri, se centralizó la administración. Desde entonces, el sistema ha sido objeto de críticas y denuncias por su falta de transparencia.
El programa Incluir Salud, que no es una obra social, ha sido diseñado para ofrecer prestaciones a quienes no tienen otra cobertura, pero su funcionamiento ha suscitado dudas sobre la efectividad y la ética en su gestión.
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